Las Fuerzas Armadas del Ecuador elevaron significativamente el nivel de contundencia en sus operaciones contra la minería ilegal en la provincia de Imbabura, desplegando armamento pesado que incluye morteros y el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes BM-21, conocido como "Grad", en el sector de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas por la explotación minera ilícita vinculada al crimen organizado.
La información, difundida por el medio digital La Posta, confirma que el comandante del Ejército ecuatoriano, general Jhon Miño Razo, se trasladó personalmente al área de operaciones para supervisar el desarrollo de estas acciones de alto impacto, lo que evidencia la prioridad estratégica que las Fuerzas Armadas otorgan a la erradicación de esta actividad criminal en el norte del país.
Armamento pesado contra la minería criminal
El empleo de sistemas como el BM-21, un lanzador múltiple de cohetes de fabricación soviética capaz de disparar hasta 40 proyectiles de 122 milímetros, marca un antes y un después en las operaciones contra la minería ilegal en Ecuador. Este tipo de armamento, diseñado originalmente para escenarios de combate convencional, refleja la determinación del Estado ecuatoriano de tratar la minería ilícita como una amenaza de seguridad nacional y no como una simple infracción administrativa.
Los morteros, por su parte, constituyen herramientas fundamentales para alcanzar posiciones de difícil acceso en la agreste geografía de Imbabura, donde los campamentos ilegales suelen ubicarse en zonas montañosas y selváticas que dificultan el acceso terrestre de las tropas.
El uso combinado de estos sistemas de armas junto con medios aéreos permite a las Fuerzas Armadas neutralizar infraestructura minera ilegal —maquinaria pesada, campamentos y rutas de abastecimiento— con mayor eficacia y menor riesgo para el personal militar desplegado en terreno.
Buenos Aires: epicentro de la minería ilícita
El sector de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la minería ilegal en Ecuador. Esta actividad, lejos de tratarse de operaciones artesanales, está controlada en gran medida por estructuras del crimen organizado transnacional que explotan los recursos auríferos del sector, generando devastación ambiental, desplazamiento de comunidades y una cadena de delitos conexos que incluyen tráfico de armas, lavado de activos y explotación laboral.
Las operaciones en esta zona han sido recurrentes durante la administración del presidente Daniel Noboa, quien desde el inicio de su gestión ha mantenido una política de tolerancia cero frente a las economías criminales que financian a las organizaciones delictivas que operan en territorio ecuatoriano. La minería ilegal, junto con el narcotráfico, constituye una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en el país.
La presencia personal del general Miño Razo en el teatro de operaciones envía un mensaje inequívoco tanto a las tropas como a las organizaciones criminales: el mando militar está comprometido de primera mano con estas acciones y no se trata de operativos aislados, sino de una estrategia sostenida de recuperación territorial.
Escalamiento justificado ante una amenaza creciente
El despliegue de armamento pesado en operaciones internas puede generar interrogantes en ciertos sectores. Sin embargo, es necesario contextualizar que la minería ilegal en Ecuador ha alcanzado dimensiones que superan ampliamente la capacidad de respuesta policial convencional. Los grupos criminales que controlan estas explotaciones operan con armamento de guerra, cuentan con redes de inteligencia propias y, en muchos casos, han establecido verdaderos enclaves donde la autoridad del Estado había dejado de existir.
En ese contexto, la respuesta militar con medios proporcionados a la amenaza real resulta no solo justificada sino necesaria. El gobierno del presidente Noboa ha sido consistente en su mensaje de que el Estado recuperará el control de todo el territorio nacional, y las operaciones en Imbabura son una manifestación concreta de esa voluntad política.
Es preciso recordar que en enero de 2024, mediante decreto ejecutivo, el presidente Noboa declaró el conflicto armado interno y designó a varios grupos criminales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Este marco jurídico otorga a las Fuerzas Armadas las herramientas legales para emplear sus capacidades de combate en operaciones contra estas estructuras criminales.
Una estrategia integral de seguridad
Las operaciones en Buenos Aires se enmarcan dentro de la estrategia más amplia del gobierno nacional para desarticular las economías ilícitas que sostienen al crimen organizado. Atacar la minería ilegal no es solo una cuestión ambiental o de orden público: es golpear directamente el bolsillo de las organizaciones que han sembrado violencia y terror en múltiples provincias del país.
La combinación de inteligencia militar, despliegue aéreo y uso de armamento pesado demuestra que las Fuerzas Armadas están empleando todo el espectro de sus capacidades operativas para cumplir con la misión encomendada por el Ejecutivo. Los resultados de estas operaciones —medidos en maquinaria destruida, campamentos desmantelados y presencia estatal restablecida— serán determinantes para evaluar la efectividad de esta aproximación.
El Ecuador enfrenta amenazas que hace una década habrían resultado impensables en su territorio. Ante esa realidad, la respuesta del Estado debe ser proporcionalmente contundente. El despliegue de morteros y lanzacohetes BM-21 en Imbabura es una señal clara de que el gobierno de Daniel Noboa no está dispuesto a ceder un solo metro de territorio nacional al crimen organizado.
