El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó este lunes 7 de septiembre la interceptación y posterior hundimiento de una estación flotante en el Pacífico Oriental, identificada como un punto de reabastecimiento para operaciones ilícitas de narcotráfico marítimo. La operación fue ejecutada por las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), bajo dirección estadounidense, y contó con inteligencia que vinculaba a la embarcación con Los Choneros, organización calificada como narcoterrorista en el comunicado oficial. Tras inspeccionar el vessel y desembarcar a su tripulación, las autoridades norteamericanas procedieron a hundir la nave para desmantelar sus redes logísticas.
Denuncias del CDH sobre abusos a pescadores
Mientras tanto, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y otras organizaciones emitieron un pronunciamiento expresando su preocupación ante una serie de operativos realizados durante 2026 contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas. Según el documento, encabezado por el CDH de Guayaquil, se han registrado abordajes violentos, privaciones de libertad y destrucción de naves en rutas habituales para la pesca, incluidas zonas marítimas internacionales entre la zona económica exclusiva continental y Galápagos. Desde enero de este año, las organizaciones afirman haber documentado al menos ocho embarcaciones afectadas, con un total de 143 pescadores involucrados.
El informe detalla casos específicos como el de la Fiorella, donde ocho pescadores permanecen desaparecidos desde el 20 de enero; y la Negra Francisca Duarte II, intervenida en marzo con 16 sobrevivientes que denunciaron explosiones e inmovilización. En el caso del Don Maca, se reportan 20 supervivientes y la destrucción total de la embarcación. Asimismo, se menciona a Los Tres Hermanos, Conquista 2, OM2, María Candelaria y Karla Franshesca como naves intervenidas en los últimos meses, con tripulaciones que habrían sufrido condiciones degradantes e incomunicación temporal.
Exigencias de justicia y protocolos
Las organizaciones sostienen que la cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos no exime al Estado ecuatoriano de sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos. El CDH exige que se investigue si los hechos podrían configurar crímenes internacionales, dada su posible dimensión sistemática. En el caso Conquista 2, ya se tramita un hábeas corpus instructivo ante la justicia constitucional ecuatoriana para solicitar información detallada sobre las diligencias ordenadas por jueces de Manta, más contexto en Estados Unidos destruye lancha narco en Pacífico Oriental con dos muertos y redu.
El pronunciamiento cuestiona la falta de protocolos públicos claros sobre el uso de la fuerza y la identificación de personas privadas de libertad. Aunque se reconoce que en algunas operaciones conjuntas los sospechosos son entregados a Policía y Fiscalía, las denuncias señalan que la destrucción de embarcaciones y los malos tratos no serían consecuencias inevitables de una interdicción legal. Las organizaciones piden preservar evidencias hasta obtener resoluciones de fondo.
