El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), declaró el estado de emergencia en las 24 provincias del Ecuador por un período de 60 días, ante los graves estragos causados por la temporada de lluvias que azota al territorio nacional. La medida busca activar de manera inmediata los protocolos de respuesta, canalizar recursos extraordinarios y coordinar la asistencia humanitaria en las zonas más afectadas.
Según las cifras oficiales difundidas por la SGR, las intensas precipitaciones han dejado hasta el momento un saldo de 11 personas fallecidas, 24 heridos y más de 3.752 ciudadanos en condición de damnificados. Los daños se extienden a viviendas, carreteras, puentes y sistemas de alcantarillado en múltiples cantones del país.
Alcance de la emergencia y zonas más afectadas
La declaratoria de emergencia abarca la totalidad del territorio ecuatoriano, lo que refleja la magnitud de un fenómeno climático que no ha respetado fronteras provinciales. Las regiones Costa y Sierra han sido las más golpeadas, con deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas de ríos que han interrumpido la conectividad vial y dejado a comunidades enteras incomunicadas.
Los reportes de múltiples medios nacionales, entre ellos El Universo, Primicias y La Posta, coinciden en señalar que las provincias costeras enfrentan las situaciones más críticas debido al desbordamiento de cauces fluviales. Sin embargo, en la Sierra, los deslizamientos de tierra en zonas de montaña también han provocado daños significativos en infraestructura y han puesto en riesgo a poblaciones rurales.
La destrucción parcial o total de viviendas ha obligado al desplazamiento de familias enteras hacia albergues temporales habilitados por los gobiernos locales en coordinación con la SGR. Los más de 3.752 damnificados registrados hasta la fecha podrían incrementarse conforme avancen las evaluaciones en terreno.
Respuesta del Gobierno: recursos y coordinación interinstitucional
La declaratoria de emergencia nacional permite al Ejecutivo activar mecanismos extraordinarios de gasto público, agilizar la contratación de obras de reconstrucción y movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en labores de rescate, evacuación y distribución de ayuda humanitaria. Se trata de una herramienta legal que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha empleado con decisión para enfrentar la crisis con la celeridad que las circunstancias exigen.
La Secretaría de Gestión de Riesgos ha desplegado equipos de evaluación de daños en las zonas afectadas y mantiene coordinación permanente con los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales y provinciales. La entrega de kits de alimentos, agua potable, colchones y carpas a las familias damnificadas es parte de las acciones prioritarias.
Adicionalmente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja en la habilitación de vías que han quedado obstruidas por deslizamientos y en la evaluación estructural de puentes que presentan afectaciones. La conectividad vial es un factor crucial tanto para la movilidad ciudadana como para la llegada de asistencia humanitaria a las comunidades más alejadas.
Contexto: un país vulnerable ante fenómenos climáticos
Ecuador, por su ubicación geográfica, su topografía diversa y las condiciones derivadas del cambio climático, es un país particularmente vulnerable a los efectos de las temporadas invernales. Año tras año, las lluvias intensas provocan emergencias que ponen a prueba la capacidad de respuesta institucional y la resiliencia de las comunidades.
La temporada de lluvias 2024-2025 ha sido especialmente severa. Los organismos meteorológicos habían advertido sobre la probabilidad de precipitaciones por encima del promedio histórico, lo que motivó alertas tempranas en varias provincias. No obstante, la intensidad de los eventos ha superado en algunos casos las previsiones, generando situaciones de emergencia simultáneas en múltiples puntos del territorio.
Es importante destacar que la actual administración ha mostrado voluntad de actuar de manera preventiva y reactiva frente a estos fenómenos. La declaratoria de emergencia a nivel nacional, y no solo provincial, evidencia un enfoque integral que prioriza la atención sin distinciones regionales, garantizando que los recursos lleguen a donde más se necesitan.
Llamado a la prevención y la solidaridad ciudadana
Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para que atienda las alertas emitidas por la SGR y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). Se recomienda evitar el cruce de ríos crecidos, no transitar por zonas propensas a deslizamientos y mantenerse informados a través de canales oficiales.
Asimismo, la SGR ha habilitado líneas de emergencia para reportar situaciones de riesgo y ha solicitado la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado para complementar los esfuerzos de asistencia humanitaria. La solidaridad entre ecuatorianos será fundamental para superar esta crisis.
Con la emergencia declarada por 60 días, el Gobierno dispone de un marco temporal amplio para ejecutar obras de mitigación, reconstruir la infraestructura dañada y atender las necesidades inmediatas de la población afectada. La eficacia en la gestión de estos recursos será determinante para evaluar la respuesta estatal ante uno de los inviernos más complicados de los últimos años.
