En una decisión que ha encendido las alarmas sobre transparencia en la contratación pública, el Consejo Provincial del Guayas extendió por 30 años adicionales los contratos de concesión vial de CONCEGUA y CONORTE, ambos operados por el Grupo Hidalgo e Hidalgo, sin abrir ningún proceso de licitación pública. Los contratos, que originalmente vencían en 2026, ahora se extenderán hasta aproximadamente 2056.
Tres décadas más sin competencia
Según la investigación difundida por el medio digital La Posta, la extensión de estas concesiones viales se habría negociado de manera directa, sin que se convocara a otros oferentes ni se realizara un proceso competitivo que garantizara las mejores condiciones para el interés público. La operación configura lo que en términos de contratación pública se conoce como una adjudicación directa prolongada, un mecanismo que carece de los controles inherentes a una licitación abierta.
CONCEGUA y CONORTE son dos de las concesionarias más relevantes en la red vial de la provincia del Guayas, responsables de la administración, mantenimiento y cobro de peajes en tramos estratégicos que conectan importantes centros urbanos y productivos de la costa ecuatoriana. El Grupo Hidalgo e Hidalgo, operador de ambas concesiones, es uno de los conglomerados empresariales más influyentes del sector de infraestructura vial en el país.
Cuestionamientos sobre transparencia y legalidad
La decisión del Consejo Provincial del Guayas plantea interrogantes de fondo. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece principios de transparencia, publicidad, concurrencia y trato justo como pilares de toda contratación estatal. La extensión de un contrato de concesión por un plazo tan extenso —tres décadas— sin proceso competitivo alguno, choca frontalmente con estos principios.
Expertos en derecho administrativo han señalado que las concesiones viales, por su naturaleza y volumen económico, requieren procesos públicos rigurosos que permitan evaluar alternativas, garantizar la mejor oferta técnica y económica, y proteger los recursos de los contribuyentes. Una renovación directa elimina la posibilidad de que otros operadores compitan con propuestas potencialmente más ventajosas para la ciudadanía.
Lo que no se licitó, se negoció en silencio. Una concesión de esta magnitud debería haber pasado por un proceso abierto y transparente que garantice el interés público.
Cabe recordar que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha impulsado una agenda de transparencia y modernización del Estado, promoviendo la inversión privada a través de mecanismos competitivos y reglas claras. En ese contexto, decisiones como la del Consejo Provincial del Guayas resultan contradictorias con el espíritu de las reformas pro-mercado que el Ejecutivo nacional ha buscado implementar.
El peso del Grupo Hidalgo e Hidalgo en la infraestructura ecuatoriana
El Grupo Hidalgo e Hidalgo ha sido durante décadas uno de los principales actores en la construcción y gestión de infraestructura vial en Ecuador. Su presencia en concesiones de peaje en la provincia del Guayas le ha conferido un papel dominante en el sector, lo que hace aún más relevante la necesidad de procesos competitivos que eviten la concentración de mercado y garanticen condiciones justas.
La extensión de los contratos por 30 años adicionales consolida la posición del grupo empresarial como operador exclusivo de estos corredores viales hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XXI, un horizonte temporal que supera con creces los plazos habituales de concesión en la región latinoamericana.
La necesidad de rendición de cuentas
Desde una perspectiva de política pública, este caso pone de manifiesto la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de los gobiernos autónomos descentralizados. Si bien los consejos provinciales tienen competencias en materia de vialidad rural, las decisiones que comprometen recursos públicos por períodos tan prolongados deberían estar sujetas a controles adicionales, incluyendo la revisión de la Contraloría General del Estado y, en su caso, del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).
La Asamblea Nacional y los organismos de control tienen la responsabilidad de investigar las circunstancias en que se produjo esta extensión contractual. Los ciudadanos del Guayas, que pagan peajes en estas vías, merecen conocer bajo qué términos se renovaron los contratos, qué compromisos de inversión y mantenimiento asumió el concesionario, y por qué no se abrió la posibilidad a otros competidores.
En un Ecuador que avanza hacia una economía más abierta y competitiva, las concesiones millonarias no pueden seguir negociándose a puerta cerrada. La libre competencia y la transparencia no son opcionales: son condiciones indispensables para atraer inversión legítima, generar confianza institucional y proteger el patrimonio público.
Queda por verse si los organismos de control actuarán de oficio ante esta situación o si la extensión de estas concesiones permanecerá como un hecho consumado, sin la debida rendición de cuentas que la ciudadanía reclama.
