El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) declaró este martes, 14 de julio de 2026, una situación de emergencia en todos los órganos jurisdiccionales de la Función Judicial. Esta decisión estratégica busca enfrentar el déficit estructural de jueces a nivel nacional y asegurar la continuidad del servicio de justicia mediante la designación temporal de magistrados. La medida se aprobó durante la sesión ordinaria Nro. 095-2026, realizada en las instalaciones del organismo rector de la carrera judicial.
Mecanismos excepcionales para fortalecer la operatividad
La resolución tiene como objetivo llenar las vacantes existentes mediante procedimientos internos ágiles, mientras avanzan los concursos públicos planificados para la designación definitiva de autoridades. El Pleno aprobó específicamente los mecanismos para seleccionar jueces temporales en Tribunales de Garantías Penales y Cortes Provinciales de Justicia. Además, se incluirán conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia.
La declaratoria se fundamenta en informes técnicos que evidencian cómo la falta de juzgadores ha generado retrasos significativos en la tramitación de causas, audiencias fallidas o diferidas y dificultades para conformar tribunales. Esta situación ha incrementado considerablemente la carga procesal en las dependencias judiciales del país, afectando el derecho a una justicia pronta y cumplida.
Compromiso con la independencia judicial
Durante la sesión, se ordenó a la Dirección Nacional de Talento Humano iniciar las gestiones técnicas, administrativas y tecnológicas necesarias para cubrir estas vacantes. Asimismo, el Pleno exigió presentar una metodología detallada para la selección en un plazo de diez días, abarcando áreas como lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Las autoridades del CJ enfatizaron que los designados deben ejercer con total independencia judicial. La presidenta del Consejo, Mercedes Caicedo Aldaz, afirmó: “La temporalidad no puede ser un pretexto para incumplir su rol. Este país no se merece jueces golondrinas”. Esta declaración refuerza el compromiso institucional de mantener la calidad y eficacia en la administración de justicia.
Renovación del liderazgo provincial
En una línea paralela de gestión administrativa, el Pleno resolvió remover a los directores provinciales de Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas. También se aceptaron las renuncias presentadas por los responsables en Los Ríos, Cotopaxi y Esmeraldas. Estas decisiones forman parte del esfuerzo integral del organismo para abordar la situación operativa que enfrenta la Función Judicial.
