El Cairo, 9 de septiembre de 2026. La presentadora egipcia Sarah Khalifa ha sido condenada a pena capital por el delito de tráfico de drogas, una sentencia que confirma la rigidez del sistema judicial en casos relacionados con el narcotráfico en Egipto. La figura mediática, de 39 años, mantuvo desde su detención en abril de 2025 una negativa absoluta frente a todas las imputaciones presentadas por la fiscalía. Durante la lectura oficial del veredicto, Khalifa lloró y emitió declaraciones públicas que fueron recogidas por medios locales y difundidas ampliamente en redes sociales.
Defensa confirma apelación hasta instancias supremas
Frente a esta resolución judicial, el equipo legal de la presentadora ha confirmado formalmente su intención de continuar con el proceso jurídico mediante todos los recursos disponibles. Según informó El Tiempo citando al medio egipcio Al Shorouk, la defensa planea presentar sus argumentos ante el Tribunal de Apelación y, posteriormente, recurrir ante el Tribunal de Casación, que constituye la máxima instancia penal en Egipto. Este enfoque busca obtener una sentencia definitiva e inapelable, lo que indica que el caso legal permanece abierto y lejos de su cierre definitivo.
Contexto mediático y antecedentes legales
Sarah Khalifa es una figura reconocida en el panorama televisivo egipcio, contando con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram. Su popularidad se consolidó como conductora del programa 'Mission Impossible', dedicado a temas de seguridad y criminalidad, además de ser dueña de una clínica de cirugía estética y una productora de eventos. Previamente, ya había sido sentenciada a cinco años de prisión en un caso separado por secuestro y agresión contra un joven, como publicó este diario en Fiscalía solicita prisión perpetua a 'El Gerente' por narcotráfico y lavado de a.
Marco legal sobre la pena capital
La legislación egipcia contempla explícitamente la pena capital para delitos como el homicidio premeditado, el terrorismo, ciertos casos de violación y el tráfico de drogas. En 2025, se registraron cientos de sentencias de muerte en el país; según datos de la Comisión Egipicia de Derechos y Libertades fueron 541 dictámenes, mientras que Amnistía Internacional reportó 492 condenas con 23 ejecuciones cumplidas.