El Gobierno de Chile, liderado por el presidente José Antonio Kast, ha presentado formalmente un proyecto de ley destinado a modificar sustancialmente el método de cálculo de la jornada laboral en el país. Esta iniciativa busca extender el máximo permitido hasta 52 horas semanales, atacando directamente una de las herencias más emblemáticas del expresidente Gabriel Boric: la Ley de las 40 Horas, promulgada en 2023. La propuesta representa un giro significativo en la política laboral chilena y ha generado inmediatas controversias dentro del espectro político nacional.
Flexibilidad anual frente al modelo restrictivo
Según declaraciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau, el objetivo central de esta reforma no es imponer una jornada fija de 52 horas para todos los trabajadores, sino alterar la forma en que se promedian las actuales 40 horas. La iniciativa propone ampliar el periodo de cálculo hacia un promedio anual, alineándose con modelos aplicados por varios países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Actualmente, Chile fija este periodo en solo cuatro semanas, lo que posiciona al país como uno de los más restrictivos del bloque regional.
El Ejecutivo sostiene que esta flexibilidad es necesaria para sectores estacionales clave, como la agricultura y el turismo, permitiendo una mejor distribución de cargas laborales según la demanda. Esta medida se enmarca en un contexto económico delicado: la tasa de desocupación en Chile alcanzó el 9,1% entre febrero y abril de 2026, registrando su nivel más alto en casi cinco años. La administración argumenta que reducir la rigidez laboral podría ayudar a disminuir la informalidad y dinamizar el mercado de trabajo.
Reacción política y contexto regional
No obstante, la propuesta ha desatado un rechazo frontal liderado por figuras políticas vinculadas al gobierno anterior. La excandidata presidencial Jeannette Jara, quien ejerció como ministra del Trabajo durante la promulgación de la ley original, junto con la exvocera Camila Vallejo, han criticado duramente el cambio. «Ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales», afirmó Jara, advirtiendo sobre un retroceso en las condiciones laborales.
Es importante contextualizar que Chile se convirtió en 2023 en el tercer país de América Latina, tras Ecuador y Venezuela, en fijar la jornada laboral estándar en 40 horas. Esta norma constituía una excepción regional, ya que la mayoría de los países latinoamericanos mantiene jornadas superiores a las 48 horas semanales. La actual administración de Kast busca revertir esta particularidad para adaptar la legislación chilena a estándares internacionales más flexibles y responder a la crisis del empleo vigente.
