La penetración del narcotráfico internacional en territorio ecuatoriano alcanza niveles que exigen una respuesta contundente por parte del Estado. Una investigación publicada por Primicias confirma que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, mantiene alianzas operativas con grupos delictivos ecuatorianos desde al menos 2021, consolidando una red de complicidades que ha contribuido a la espiral de violencia que azota al país.
La huella del CJNG en Ecuador: una amenaza transnacional
De acuerdo con la información difundida por Primicias, el CJNG no opera directamente con estructuras propias desplegadas en Ecuador, sino que ha tejido alianzas estratégicas con organizaciones criminales locales que le sirven como brazos operativos para el tráfico de droga hacia mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa.
Esta modalidad de operación, conocida como modelo de franquicia criminal, permite al cartel mexicano mantener su influencia en la cadena del narcotráfico sin exponerse directamente en territorio extranjero. Las bandas locales se encargan de la logística, el acopio y el envío de estupefacientes a través de los puertos ecuatorianos, mientras el CJNG proporciona financiamiento, contactos internacionales y, en algunos casos, capacidad de fuego.
El hallazgo más alarmante de la investigación es que la Policía Nacional identificó hace más de un año la presencia en Ecuador del grupo denominado 'Fuerzas Especiales Mencho', una célula vinculada directamente al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.
Un vínculo que explica la escalada de violencia
La presencia de organizaciones mexicanas de esta envergadura en Ecuador no es un dato menor. Desde 2021, el país sudamericano ha experimentado un incremento exponencial en los índices de homicidios, extorsiones y ataques con explosivos, fenómenos que anteriormente eran ajenos a la realidad ecuatoriana y que guardan estrecha relación con las dinámicas del narcotráfico transnacional.
Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de cocaína debido a su ubicación geográfica privilegiada entre Colombia y Perú —los dos mayores productores de coca del mundo—, su dolarización, que facilita el lavado de activos, y la capacidad portuaria de ciudades como Guayaquil y Manta.
La alianza del CJNG con bandas locales como Los Choneros, Los Lobos y otras organizaciones que se disputan el control territorial en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos explica, en buena medida, la sofisticación armamentística y la brutalidad de los enfrentamientos que el país ha presenciado en los últimos años.
La respuesta del gobierno de Noboa: mano firme contra el crimen organizado
Es precisamente este escenario de amenaza transnacional el que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el conflicto armado interno en enero de 2024 y a desplegar las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas con la Policía Nacional para combatir a las organizaciones criminales que operan en el país.
La estrategia del Ejecutivo ha incluido el fortalecimiento de la cooperación internacional con Estados Unidos, Colombia y México para el intercambio de inteligencia, así como operaciones de alto impacto en los centros penitenciarios, desde donde las bandas coordinaban sus actividades delictivas.
Las revelaciones de Primicias refuerzan la pertinencia de las medidas adoptadas por el gobierno, que ha insistido en que Ecuador enfrenta una amenaza que trasciende la delincuencia común y que requiere un tratamiento de seguridad nacional. La identificación de células vinculadas directamente al CJNG valida la tesis de que las bandas locales no actúan de manera aislada, sino como eslabones de cadenas criminales globales.
El desafío pendiente: desmantelar las redes financieras
Expertos en seguridad han señalado que el combate armado contra las bandas es necesario pero insuficiente si no se ataca simultáneamente la estructura financiera que sostiene al narcotráfico. El lavado de activos, la corrupción en instituciones públicas y la infiltración del dinero ilícito en sectores de la economía formal constituyen el verdadero músculo que permite a organizaciones como el CJNG mantener sus operaciones en Ecuador.
En este sentido, el gobierno de Noboa ha impulsado reformas para fortalecer la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y endurecer las penas por lavado de activos, aunque el camino por recorrer sigue siendo largo. La Asamblea Nacional tiene pendiente la aprobación de varios proyectos de ley que buscan cerrar los vacíos legales aprovechados por las redes criminales.
La cooperación con agencias internacionales como la DEA y Europol también ha sido clave para identificar rutas de narcotráfico y congelar activos vinculados a organizaciones transnacionales. Sin embargo, la magnitud del desafío exige una política de Estado que trascienda los períodos gubernamentales y que cuente con el respaldo de todas las funciones del Estado.
Un problema que requiere soluciones integrales
La confirmación de que el CJNG opera en Ecuador desde hace al menos cuatro años pone de manifiesto la profundidad de la crisis de seguridad que enfrenta el país. No se trata de brotes aislados de violencia, sino de una amenaza estructural vinculada al crimen organizado transnacional que ha encontrado en territorio ecuatoriano un eslabón funcional para sus operaciones globales.
La respuesta del Estado debe ser, como ha planteado el presidente Noboa, integral: combate militar y policial en el terreno, inteligencia financiera para desmantelar las redes de lavado, cooperación internacional efectiva y reformas institucionales que blinden a las entidades públicas frente a la corrupción. Solo así será posible revertir una tendencia que, de no atenderse con la seriedad que merece, amenaza con consolidar a Ecuador como un narcoestado.
