Este viernes 7 de agosto de 2026, el Bloque de Seguridad —integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional— ejecutó un operativo estratégico en coordinación con la Fiscalía General del Estado y autoridades peruanas. La acción conjunta permitió rescatar a una menor peruana de 10 años, presunta víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil, en el sector de Río Tigre, Comunidad Espejo, provincia de Pastaza. Esta zona selvática de difícil acceso se ubica en la frontera entre ambas naciones y ha sido escenario clave para las operaciones contra redes criminales transfronterizas.
Desarticulación de redes bajo la Operación Fénix 412
La intervención estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas (UNAT), en el marco del desarrollo de la Operación Fénix 412. Este procedimiento se derivó de una investigación previa y articulada entre las representaciones fiscales de Ecuador y Perú, orientada específicamente a desarticular redes asociadas a este delito en la franja limítrofe internacional. De acuerdo con investigaciones preliminares, hace aproximadamente un mes se habría producido un intercambio transfronterizo de dos menores de edad entre comunidades indígenas de la zona.
Cooperación bilateral y captura del responsable
En el contexto de estas indagaciones coordinadas contra la trata en Ecuador, las autoridades peruanas lograron rescatar en su propio territorio, el pasado 5 de agosto, a una niña ecuatoriana vinculada al mismo hecho. Durante la incursión en Río Tigre, los efectivos aprehendieron a Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años, quien fue puesto inmediatamente a órdenes de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.
Protección integral y restitución de derechos
Dada la complejidad lingüística del área, la diligencia requirió la participación de integrantes de la propia comunidad originaria como intérpretes, ya que las menores y varios pobladores locales no hablan castellano. Posterior al rescate en Pastaza, la menor fue puesta a buen recaudo para garantizar sus derechos. Las instituciones activaron mecanismos de protección integral, brindándole atención médica y psicológica especializada mientras se coordinan con autoridades consulares su restitución.
