El Banco Mundial publicó este jueves una evaluación preliminar que estima los daños físicos directos provocados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela en USD 19.500 millones. El organismo multilateral, con sede en Washington, ha llamado a la formación de una alianza vigorosa entre el sector público y privado para encarar la compleja reconstrucción nacional. Esta cifra representa un desafío significativo para la recuperación económica del país vecino, cuya estabilidad financiera ya enfrenta presiones estructurales.
Distribución geográfica y sectores afectados
Según los datos presentados por el organismo internacional, las viviendas constituyen el sector más golpeado, concentrando casi la mitad de las pérdidas totales con un estimado de USD 9.300 millones. Los edificios no residenciales registraron daños por USD 5.000 millones, mientras que la infraestructura pública y privada sufrió perjuicios valorados en USD 5.200 millones.
La distribución espacial del desastre revela una concentración crítica en zonas urbanas densamente pobladas. Los estados de La Guaira y el Distrito Capital acumularon el 47% del total de los daños reportados, seguidos por las regiones de Miranda y Carabobo. Esta localización geográfica sugiere que la capacidad productiva y administrativa podría verse severamente restringida en las áreas más dinámicas de la economía venezolana.
Impacto macroeconómico a largo plazo
Más allá del costo inmediato, el Banco Mundial advirtió que los efectos del desastre natural se extenderán durante la próxima década. La entidad señala que la productividad, el consumo interno y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano verán reducidas sus perspectivas de expansión debido a la necesidad de reasignar recursos hacia la reconstrucción.
Las necesidades totales para la reconstrucción equivalen aproximadamente al 18% del PIB actual del país, según cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este porcentaje indica que una parte sustancial de los ingresos nacionales deberá destinarse a reparar infraestructura en lugar de invertir en desarrollo social o económico. Al menos 5.398 personas perdieron la vida como consecuencia directa de los sismos, mientras que las Naciones Unidas calculan que más de un millón de habitantes requieren asistencia humanitaria inmediata.
