El Complejo Judicial Norte de Quito se convirtió este viernes, 5 de junio, en el escenario central del proceso penal conocido como Magnicidio FV. El juez penal de Pichincha, Geovanny Freire, convocó a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para determinar la validez procesal de las pruebas acumuladas contra siete imputados por su presunta participación intelectual y material en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Estructura criminal y roles definidos
El eje central de esta diligencia es un informe policial detallado ingresado al expediente el 28 de mayo, que establece una jerarquía clara entre los acusados. Según la investigación fiscal liderada por Ana Hidalgo, Xavier Jordán ejercería el control general; José Serrano y Ronny Aleaga estarían a cargo de la planificación; Daniel Salcedo coordinaría los acercamientos; y tres cabecillas del grupo de delincuencia organizada Los Lobos ejecutarían la coordinación operativa.
La Fiscalía sostiene que estos siete procesados, quienes tienen vigente orden de prisión preventiva aunque solo algunos se encuentran en Ecuador, coordinaron el ataque con apoyo de grupos irregulares armados desde Colombia. La teoría del caso indica que este operativo fue financiado a cambio de altas sumas de dinero y buscaba eliminar al candidato de la alianza Gente Buena-Construye.
Defensas y acusaciones particulares
Durante la audiencia, el magistrado deberá resolver sobre las nulidades planteadas por los defensores. Eduardo León, abogado del exministro José Serrano, calificó al caso como "difuso y oscuro", argumentando que no se conoce con certeza el monto pagado y sosteniendo que es un asunto de carácter político.
Por su parte, las acusaciones particulares, encabezadas por Amanda Villavicencio, mantienen la convicción de que existen elementos suficientes para llevar a juicio a los siete imputados. La instrucción fiscal concluyó en marzo pasado tras 120 días de trabajo, incorporando testimonios anticipados y pericias técnicas.
Contexto penal
El crimen ocurrió la noche del 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito. Bajo la legislación ecuatoriana vigente para el delito de asesinato con agravantes, los culpables enfrentan penas privativas de libertad entre 22 y 26 años. La resolución de esta audiencia definirá si el caso avanza hacia un juicio oral o se archiva por defectos procesales.
