Un ataque armado perpetrado la noche del sábado 1 de agosto en el cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, dejó cuatro personas fallecidas. El hecho violento ocurrió aproximadamente a las 23:00 horas en los exteriores de dos discotecas ubicadas en la avenida Simón Plata Torres. De acuerdo con informes preliminares de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), dos individuos que se desplazaban en una motocicleta y portaban cascos descendieron del vehículo para abrir fuego contra las personas presentes, evidenciando un acto premeditado dirigido a los asistentes al cierre de los establecimientos.
Identificación de víctimas e investigación forense
Como resultado directo de la balacera, dos hombres fallecieron en el lugar. Otras dos víctimas, identificadas como una mujer y un hombre, fueron trasladadas mediante vehículos particulares hasta el Centro de Salud de La Concordia, donde los médicos confirmaron que ingresaron sin signos vitales. Las identidades de las cuatro víctimas han sido establecidas: Jonathan Vladimir Custodio Toapanta (32 años), Johanna Ninoska Cueva Torres (38 años) y los hermanos Anderson y Alejandro Arteaga Vite.
Según la información policial, ninguno de los fallecidos presentaba antecedentes penales registrados. Durante el levantamiento de indicios en la escena del crimen, las unidades especializadas de Criminalística localizaron tres vainas percutidas de calibre 5,56. Por disposición fiscal, los cuerpos fueron trasladados al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santo Domingo para realizar las diligencias forenses correspondientes.
Refuerzo del control estatal en zonas de entretenimiento
Frente a la gravedad de estos hechos, el gobernador Miguel Quezada ha intensificado las acciones de fiscalización junto con autoridades locales. El pasado 9 de julio se había acordado un nuevo horario unificado para que los sitios de diversión nocturna cerraran sus puertas hasta la 01:00 horas. Esta disposición busca mitigar incidentes registrados dentro y fuera de los locales, incluyendo atentados y asesinatos direccionales.
La medida obedece a las directrices del estado de excepción gubernamental vigente en la provincia, el cual prioriza la seguridad ciudadana mediante una mayor presencia estatal. Los propietarios de estos establecimientos han solicitado a las autoridades revisar estas disposiciones para garantizar alternativas efectivas que salvaguarden la integridad física tanto de los trabajadores como de los usuarios.
