El Pleno de la Asamblea Nacional ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y la modernización institucional con la presentación del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial. Esta iniciativa legislativa, publicada en septiembre de 2026, representa una respuesta directa a las necesidades urgentes de orden público al proponer cambios estructurales profundos en la gestión del tránsito estatal. La reforma busca no solo mejorar la eficiencia administrativa, sino también combatir activamente el crimen organizado y reducir los espacios propicios para la corrupción en la gestión pública.
Centralización técnica y control municipal
Uno de los ejes centrales de esta nueva normativa es la redefinición de las competencias municipales en materia de tránsito. El proyecto establece que el Ministerio del Interior asumirá la rectoría del área, organizando conjuntamente la operación de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la Policía Nacional. Asimismo, se propone eliminar las facultades de tránsito a aquellos municipios que no superen las evaluaciones correspondientes encargadas a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Esta medida busca garantizar que solo los gobiernos locales con capacidad técnica demostrada administren servicios críticos.
La iniciativa también aborda una problemática recurrente en el parque automotor nacional: las incongruencias entre la cantidad real de vehículos y las matrículas emitidas. Al centralizar estos procesos bajo estándares más rigurosos, se pretende blindar los registros oficiales contra manipulaciones que podrían facilitar actividades ilícitas.
Regulación tecnológica y servicios de delivery
En el ámbito tecnológico, la ley introduce modificaciones estrictas en las reglas para la contratación de sistemas de control de tránsito. Se elimina por completo el pago por porcentajes a las empresas proveedoras del servicio, una práctica que generaba conflictos de interés al convertir a los operadores en "jueces y parte" simultáneamente. Este cambio refuerza la transparencia administrativa alineada con las políticas de gobierno, como contamos en Avances en seguridad y economía marcan la agenda nacional.
Finalmente, ante la creciente vulnerabilidad de los repartidores utilizados por redes delictivas para microtráfico, robo o extorsión, el proyecto crea un registro nacional obligatorio de conductores y vehículos de delivery. Este mecanismo permitirá mapear a quienes realizan esta actividad económica, cerrando brechas que han sido aprovechadas por actores criminales.
