La Asamblea Nacional aprobó una ley orientada a fortalecer el sistema penitenciario ecuatoriano, cuyo eje central permite que las personas privadas de libertad realicen actividades laborales para cubrir sus necesidades básicas y avanzar en su proceso de reinserción social. La iniciativa, respaldada por la mayoría legislativa, fue rechazada por el bloque correísta.
Un nuevo modelo penitenciario basado en el trabajo
La normativa aprobada por el pleno legislativo introduce un cambio de paradigma en el manejo de las cárceles ecuatorianas. Al permitir que los reclusos desempeñen actividades productivas, el Estado busca reducir el ocio carcelario —considerado uno de los principales factores que alimentan la violencia interna en los centros de rehabilitación— y generar condiciones para que los internos contribuyan a cubrir sus propios gastos.
El modelo de trabajo penitenciario contempla que las personas privadas de libertad puedan participar en actividades laborales reguladas, lo que no solo les permitiría generar ingresos para sus necesidades personales, sino también desarrollar habilidades que faciliten su eventual reintegración a la sociedad una vez cumplidas sus condenas.
Esta visión se alinea con experiencias internacionales exitosas en países que han logrado reducir las tasas de reincidencia delictiva precisamente a través de programas de capacitación y empleo dentro de sus sistemas carcelarios.
Respaldo del Ejecutivo y figuras clave celebran la aprobación
El ministro de Gobierno, José Reimberg, destacó la aprobación de la ley como un avance significativo en la política de seguridad integral del gobierno del presidente Daniel Noboa. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la estrategia de mano dura contra el crimen organizado debe complementarse con reformas estructurales al sistema penitenciario, que durante años ha sido señalado como un espacio de reclutamiento y operación de bandas criminales.
Por su parte, Niels Olsen, figura cercana al oficialismo, también resaltó la importancia de la normativa. Ambos coincidieron en que la ley responde a una necesidad urgente: transformar unas cárceles que, lejos de rehabilitar, se habían convertido en escuelas del delito y centros de mando para organizaciones narcodelictivas.
La aprobación se produce en un contexto en el que el gobierno de Noboa ha declarado el conflicto armado interno y ha desplegado una estrategia sin precedentes para retomar el control de los centros de privación de libertad, varios de los cuales estuvieron bajo el dominio efectivo de bandas criminales transnacionales durante los últimos años.
El correísmo se desmarca y vota en contra
El bloque de la Revolución Ciudadana se opuso a la aprobación de la ley. Aunque los argumentos específicos de su rechazo no han sido detallados en profundidad, la postura del correísmo se enmarca en su estrategia de oposición sistemática a las iniciativas legislativas impulsadas o respaldadas por el gobierno de Daniel Noboa.
Cabe recordar que durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, el sistema penitenciario ecuatoriano experimentó un deterioro progresivo que desembocó en las masacres carcelarias de 2021, 2022 y 2023, con centenares de reclusos asesinados en episodios de violencia extrema que conmocionaron al país y a la comunidad internacional.
La oposición correísta al proyecto genera interrogantes sobre cuál es su propuesta alternativa para un sistema carcelario que, según organismos internacionales de derechos humanos, se encuentra en estado de emergencia permanente. La mayoría legislativa, sin embargo, logró los votos suficientes para sacar adelante la normativa.
Contexto: la crisis carcelaria que motivó la reforma
Ecuador arrastra una crisis penitenciaria que se agravó de manera dramática a partir de 2020. El hacinamiento, la falta de control estatal, la corrupción de funcionarios penitenciarios y la penetración del narcotráfico convirtieron a las cárceles del país en territorios disputados por bandas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, entre otras.
Las masacres registradas en los centros de Guayaquil, Latacunga y otras ciudades dejaron un saldo de más de 400 reclusos muertos en apenas tres años, según cifras recopiladas por organizaciones de la sociedad civil. La situación evidenció el colapso total de un sistema que carecía de políticas efectivas de rehabilitación y reinserción.
Con la nueva ley, el gobierno apuesta por un enfoque que combina seguridad y productividad. La premisa es clara: un recluso que trabaja, que aprende un oficio y que tiene una perspectiva de futuro representa un riesgo significativamente menor de reincidencia que uno confinado al hacinamiento y la inactividad.
Los desafíos de la implementación
Si bien la aprobación de la ley representa un paso importante, los analistas coinciden en que el verdadero reto está en su implementación. La infraestructura carcelaria actual del país dista mucho de estar preparada para albergar talleres productivos a gran escala, y la capacitación del personal penitenciario será un factor determinante para el éxito del modelo.
Asimismo, será fundamental establecer mecanismos de supervisión que impidan que las actividades laborales se conviertan en esquemas de explotación o que sean cooptadas por las propias estructuras criminales que operan dentro de las prisiones.
No obstante, la señal política es contundente: el gobierno de Daniel Noboa y su bancada legislativa demuestran que la estrategia de seguridad no se limita a operativos militares y estados de excepción, sino que incluye reformas de fondo para atacar las causas estructurales de la violencia que ha golpeado al país.
