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Con 402 309 estudiantes de bachillerato técnico y rural, mañana empieza el retorno progresivo y obligatorio a las clases presenciales. Esta decisión reveló el mal estado de varios planteles públicos del país y sus necesidades.
En recorridos realizados, EL COMERCIO encontró infraestructuras de Pichincha, Guayas, Azuay, Cañar y Morona Santiago deterioradas por el abandono de estos 20 meses de la pandemia del covid-19 y por embates de la naturaleza.
Hay centros educativos con goteras en las cubiertas, patios asediados de maleza, baños estropeados, paredes sucias, pupitres dañados y escasos equipos tecnológicos. A esos espacios regresarán cientos de estudiantes del país.
El Ministerio de Educación no proporcionó cifras de esta problemática. Pero una evaluación realizada en mayo pasado determinó que se requieren USD 650 millones para mejorar la infraestructura escolar del país, dijo Sebastián Salazar, asesor de este Ministerio.
Sin dar montos, Salazar señaló que para este retorno progresivo han priorizado las inversiones para obras eléctricas e hidrosanitarias, que son urgentes e indispensables dentro de la emergencia sanitaria.
Ante la falta de dinero, el pasado jueves lanzaron la campaña Minga Nacional por la Educación, que busca la participación de padres de familia y docentes para adecuar y habilitar los planteles, en el marco del Plan de Continuidad Educativa y Retorno Seguro.
Un camión con materiales de construcción ingresa todos los días, desde el pasado 18 de noviembre, a la Unidad Educativa Tarqui. Este es uno de los siete planteles del Distrito Educativo Calderón que recibe mantenimiento para reabrir sus puertas.
Este centro tiene 134 años de vida y la rectora, Sara Tapia, cuenta que el techo de la sala de cómputo ya se estaba cayendo; había goteras en algunas zonas y el cerramiento de la parte trasera se estaba hundiendo. Las aulas prefabricadas eran muy calurosas porque no contaban con cielo raso. Al momento invierten USD 24 102 en las reparaciones. Tapia espera que finalicen los trabajos para convocar a los padres de familia a una minga. En el Distrito Calderón se invierte USD 85 000 en adecuar siete de las 38 instituciones fiscales.
Mientras tanto, en el sur de Quito, el pasado viernes los padres de familia de la Unidad Educativa Policía Nacional se autoconvocaron para arreglar y desinfectar las aulas. Una representante explicó que el establecimiento está en malas condiciones, sobre todo el área de mecánica.
En el 2011, cuando la Unidad Educativa Emilio Estrada fue construida en Monte Sinaí se dijo que los 18 bloques prefabricados tendrían cinco años de vida útil. Desde entonces los representantes se han encargado de extender su uso. En estos días, María Moreno ayudó a pintar las paredes y los pupitres.
“No podemos dejar que se destruya”, dice del plantel donde estudian sus tres hijos y 1 600 chicos. Estos campamentos se concentran en el noreste de Guayaquil y son parte de la infraestructura escolar más afectada del país. Algunos han sido desmantelados en estos 20 meses de ausencia de los estudiantes. No tienen paredes, el cableado eléctrico fue robado y los baños están averiados.
El 8% de las 1 564 instituciones educativas de la zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón, no estaría listo para las clases presenciales. Ese fue el balance de la subsecretaria, Yadira Blakman, hasta la semana anterior. Luego, el Ministerio de Educación dijo que solo serían 32 las afectadas.
Todos se veían entusiasmados. Eran más de 200 padres de familia distribuidos en diferentes espacios de la Unidad Educativa Isabel Moscoso de Cuenca. El pasado jueves unos limpiaban y pintaban las paredes de las aulas y otros fregaban los pupitres, baldeaban los pisos y baños, cortaban la maleza y hasta hacían de carpinteros, remendando armarios y pupitres.
“El retorno a clases presenciales es necesario. Pero en estas condiciones es antipedagógico, dijo Paúl Cali, presidente del Comité Central de Padres de este plantel que acoge 1 054 estudiantes. Mediante colectas voluntarias de padres reunieron USD 190 para comprar pintura, brochas, detergente, cloro, playwood y otros productos. “Si esperamos que el Ministerio atienda las necesidades pasarán años”, dijo Cali.
Según los datos de la Unión Nacional de Educadores del Azuay unos 700 de los 1 792 planteles educativos de Azuay, Cañar y Morona Santiago están en mal estado por el abandono, las lluvias o robos. Según Miguel Pesántez, coordinador de la zonal 6, los mayores problemas están en Morona Santiago
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