Tasa para la seguridad se evaluará con encuestas

Los vecinos de la calle César Dávila Andrade, del barrio La Kennedy (norte), sienten que los robos disminuyeron. Desde hace un año colocaron una alarma comunitaria por cuenta propia ante la desesperación por los constantes delitos en contra de los moradores.

Grimaneza Santamaría ha vivido en esa calle por más de 25 años. Cuenta que en el 2019, antes de la pandemia, al menos una vez a la semana uno de los vecinos denunciaba robos en la calle o a algún domicilio.

Una de sus arrendatarias fue asaltada en la calle mientras intentaba guardar su vehículo y, en otra ocasión, descubrieron a dos individuos que se metieron a su casa para llevarse los tanques de gas.

Santamaría dice que optaron por poner la alarma ellos mismos ya que les comentaron que acceder a las que instala el Municipio era un trámite engorroso que tomaba su tiempo.
 
El 2021 ha sido un año en el que la principal preocupación de los quiteños es la inseguridad. Las redes sociales se convirtieron en espacios de denuncia en los que se mostraron robos a casas, locales e incluso la muerte de personas tras sufrir un asalto.

Las cifras corroboran esa realidad. Los robos a personas, domicilios y negocios se incrementaron con relación a enero-octubre del 2020. Por ejemplo, en el 2020 se reportaron 3 711 robos a personas. Este año, en el mismo lapso, se registraron 4 550, según el Ministerio de Gobierno.

Si bien la intervención en seguridad ciudadana es labor del Gobierno central, el Municipio también participa. Por ejemplo, actúa con la instalación de cámaras, alarmas, campañas y la entrega de logística a la Policía Nacional de implementos como motocicletas.

Para el 2022, esas acciones saldrán del presupuesto que se recaude por el cobro de la tasa de seguridad. El tributo estará en el impuesto predial desde el 1 de enero del 2022 pero esta vez los ciudadanos podrán evaluar su utilización.

La Corte Constitucional emitió un pronunciamiento sobre ese pago este año.

Exigió que el tributo esté sujeto a una evaluación por parte de los beneficiarios; además de que el valor cobrado represente el gasto que hace el Cabildo en los servicios de seguridad. El Concejo aprobó la Ordenanza el 14 de diciembre pasado.

Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad, explicó que habrá tres niveles de evaluación. El primero es al interior del Municipio sobre la ejecución del presupuesto. El segundo es mediante organismos internacionales y el tercero, con una encuesta ciudadana.
 
La Ordenanza solamente establece que la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Empresa Metropolitana de Logística para la Seguridad, será la encargada del seguimiento. No se establecen mecanismos ni tampoco períodos.

Valarezo dijo que se harán encuestas trimestrales. Estas vendrán dentro de las evaluaciones de la encuesta de victimización del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Para eso se apoyarán en las Administraciones Zonales.

Las evaluaciones preguntarán sobre los servicios que efectivamente reciben los barrios. Solo se medirán aquellas acciones que son de competencia de Cabildo.

Entre los proyectos que se planifican para el 2022 están la entrega de motocicletas a la Policía; la adquisición de alarmas comunitarias, ya que las actuales son del 2012, y un proyecto de vigilancia comunitaria con el uso de cámaras, que ya está en fase de contratación.

La Tasa de Seguridad también se usará para la Gestión de Riesgos. Por ejemplo, en una campaña para el cuidado de las quebradas. Sin embargo, según Valarezo, la mayoría de recursos se destinarán para la seguridad ciudadana.

En los barrios ya hay expectativa sobre los ofrecimientos. William Basantes, representante de la Federación de Barrios de Quito, dijo que han entregado sugerencias a la Alcaldía. “Un reclamo constante es en dónde está la plata de la Tasa de Seguridad. Por eso nos mantendremos vigilantes”, señaló.

Según Valarezo, los últimos datos de la Encuesta de Victimización no muestran mejora respecto a la percepción ciudadana sobre la seguridad. Mencionó que 5 de cada 10 quiteños dijeron haber sido víctimas de algún tipo de delito.

En la César Dávila Andrade, lo moradores esperan que su iniciativa se conecte con la Policía. Así, según Santamaría, se podría no solo ahuyentar a los ladrones sino detenerlos