Superintendente de Compañías deslinda responsabilidades en la falta de control de negociaciones bursátiles del Isspol

El superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, deslindó responsabilidades sobre la supuesta falta de control en las operaciones bursátiles que realizó el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), con la compañía Decevale por montos superiores los $90 millones.

Así lo señaló el funcionario durante su comparecencia y presentación de pruebas de descargo en el juicio político que se sigue en su contra acusado por los legisladores Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC).

Anchundia reveló que ocupa el cargo de Superintendente de Compañías desde marzo de 2019, aunque estuvo encargado desde agosto de 2018 hasta el 2019. Antes se desempeñó como Intendente Nacional de Compañías desde el 2011 al 2018, por lo tanto, permaneció ajeno al mercado de valores, aclaró.

Que tras su posición como Superintendente, en abril de 2019, designó a Carlos Murillo Cabrera, como Intendente Nacional de Mercado de Valores, con lo cual le fueron conferidas todas las atribuciones que la normativa lo permite.

Por lo tanto, insistió que es ilógico, antijurídico y un despropósito que se trate de responsabilizarlo de operaciones bursátiles ocurridas antes de agosto de 2018, tiempo en el cual no desempeñaba los funciones de Superintendente de Compañías.

Anchundia dijo que el Isspol tuvo varias pérdidas y está controlado por la Superintendencia de Bancos y no por la Superintendencia de Compañías, no obstante el Isspol realizó operaciones bursátiles pero fuera del mercado de valores.

Si el Isspol realizó operaciones bursátiles fuera del mercado de valores, de qué forma la Superintendencia se va a enterar de lo que estaban haciendo. Que recién en el 2020, la Superintendencia conoció el caso cuando la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el director del Isspol de ese entonces, hicieron requerimientos de información.

Mostró que el portafolio del Isspol manejado por del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), donde dijo que las negociaciones con bonos global privados empezaron en el 2015 por $327´300.000, cuando él no era Superintendente de Compañías.

La segunda negociación por $207´834.150 ocurrió durante el periodo 2014-2018, cuando tampoco era superintendente.

Que en junio de 2019, cuando era Superintendente de Compañías, no obstante la operación bursátil fuera del mercado de valores, el Isspol no la reportó a la Superintendencia de Compañías, ni la Superintendencia de Bancos reporta que se haya realizado ese tipo de operaciones.

Que en el 2019, desde el Isspol se realizaron nuevas operaciones, pero al margen de la normativa del mercado de valores. Lo que se conoce es que esa operación fue autorizada por uno de los funcionarios de la Isspol, desde su correo personal a Decevale.

Que el 31 de julio de 2020, los directivos del Isspol comienzan hacer requerimientos de información directamente a Decevale, y  lo único que hacen es remitir una copia a la Superintendencia sobre la solicitud de quién es el custodio de aquellos títulos valores, de aquellos fondos globales que dicen ser los dueños o que habían comprado.

Con esas copias, añadió, comenzaron a llamarle la atención y empezó a trabajar en un plan sobre el procedimiento siguiendo al debido proceso.

Que el 7 de agosto de 2020, el director del Isspol, Jorge Villaroel Merino, de forma expresa y por primera vez solicita a la Superintendencia de Compañías la revisión al Decevale, a fin de esclarecer los valores en custodia a favor del Isspol correspondientes a contratos de reporto privado con Ibcorp Investments.

A partir de esa fecha, la Superintendencia de Compañías advierte al director del Isspol que se estaba realizando operaciones bursátiles al margen de la Ley, por lo que se activaron varias acciones de control que derivaron en intervenciones.

El primer depósito que era los Global Depositary GDN, fueron emitidos con activo subyacente de Bonos Soberanos del Estado ecuatoriano, la interventora manifiesta que recibió de Decevale, una carta con fecha 11 de enero 2016, suscrita por el funcionario Luis Álvarez Villamar, donde certifica que el 8 de enero recibió un crédito en la cuenta de custodia internacional por el monto de $327´300.000.

Que con la interventora, añadió el Superintendente de Compañías, develaron cómo el Isspol había realizado las operaciones  a través de Deceval, utilizando una casa de valores.

Anchundia, dijo que no se justicia la distribución de saldos de los flujos provenientes de las operaciones de ventas realizadas por un monto de $327´000.000 celebradas el 30 de diciembre de 2015, con fecha valor 8 de enero de 2016, siendo el comitente vendedor el Isspol.

Citadel participó tanto en la punta vendedora, siendo el comitente vendedor el Isspol, como en la punta compradora, siendo el comitente comprador la compañía extranjera CitiGroup_Nats Cumco Llc.

Todas esas irregularidades a fecha de 26 de noviembre de 2020 fueron puestas a conocimiento de la Fiscalía Provincial del Guayas, y que se dispuso que se practicara una pericia donde se concluye que no se encuentra que se haya determinado algún incumplimiento de funciones o de la normativa jurídica por parte de la Superintendencia de Compañías, ni tampoco de parte del Superintendente de Compañías.

Que en las operaciones intervinieron de manera directa: Alfredo Valverde, desde el Isspol, quien dispuso la compra de activos financieros y no verifica la real tenencia de los mismos; Jorge Cherrez de Ibcorp, quien ofertó los activos, pero no evidencia la compra de los mimos, y mantiene los fondos en Decevale.

Gonzalo Navarro, Luis Álvarez y Oriana Rumbea, de Decevale, quienes se encargaron de mantener los fondos en las cuentas de Decevale, y administran los fondos por fuera de las actividades para las cuales la compañía estaba autorizada.

Carlos Xavier Neira, representante de Casa de Valores Citadel, quien dispuso de los fondos a él asignados, sin los debidos sustentos para actuar en el mercado bursátil.

Según el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, la Fiscalía luego de más de un año de investigación no ha determinado ninguna responsabilidad por parte del Superintendente de Compañías, motivo por el cual no se ha formulado cargos y menos se lo esté llamando a audiencia preparatoria de juicio.