Se aprueba informe para primer debate de ley de aborto por violación

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación. Este fue presentado por la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.

Con ocho votos a favor y dos en contra, los legisladores aprobaron el informe en la noche de este jueves 2 de diciembre del 2021. El plazo dispuesto por la Corte para que el proyecto sea tratado en el Legislativo vence el próximo 28 de diciembre.

Ana Cristina Vera, abogada y representante del movimiento de mujeres, dijo que el informe aprobado por la mesa está bien estructurado y para él se tomó en cuenta las voces de las sobrevivientes y de quienes trabajan en este tema. “Se ha tomado una postura a favor de una ley justa y reparadora”, aseguró.

En el artículo 42 del proyecto consta que, una vez recibida la solicitud de parte de la persona gestante que desee acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por violación, el personal de salud tendrá seis días para realizar la intervención.

El mencionado artículo señal: “En caso de no contar con capacidad resolutiva, dentro del establecimiento médico en el que se encuentre la víctima, la médica o el médico tratante, deberá referir el caso de manera inmediata, al establecimiento más cercano, que cuente con las condiciones para atenderlo eficazmente”.

Plazos o denuncia no son requisitos

La propuesta de ley no pone plazos a las víctimas de violación para que accedan al procedimiento de interrupción legal del embarazo. Vera señala que “hay un falso dilema de las personas que están en contra del proyecto, que dicen que habrá interrupciones muy tardías”.

Vera asegura que “hay definiciones técnicas médicas que se tienen que aplicar; hay formas de hacer que, efectivamente, un aborto sea seguro, aún en etapas avanzadas”.

La solicitud en el servicio de salud consta como único requisito de acceso al aborto . El personal de salud tiene la obligación de notificar todos los casos de violencia sexual a los servicios de justicia para evitar la impunidad y no poner la carga de la denuncia en las sobrevivientes.

Para Vera, esto es sumamente importante porque “no queremos que haya impunidad, pero también sabemos cuán difícil es para las mujeres denunciar. Esa dificultad tiene que ver con un sistema de justicia que es negligente, inadecuado y con la incapacidad de ser sensible”.

La Asamblea informó que en el proceso de análisis de la norma, la Comisión de Justicia escuchó a cerca de 60 actores sociales, profesionales de la salud, expertos nacionales e internacionales y realizó dos talleres, en los que se recogieron las opiniones de los especialistas.

Además, la Comisión sostiene que revisó la legislación con respecto al aborto que tienen otros países como España, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Guayana y Guayana Francesa.