¿Qué es el Consejo de Cusín?

Los Consensos de Cusín se han llevado a cabo en cuatro ocasiones. La primera fue en 1997 y tuvo como objetivo trazar los lineamientos de la Constitución del 98. La segunda tuvo lugar en 1998 y desembocó en la firma del Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto armado entre Ecuador y Perú. El tercer encuentro en Cusín encontró su base en la crisis institucional tras la caída de Jamil Mahuad. Finalmente, luego de 21 años, se retoma la idea, esta vez bajo la difícil situación económica que vive el país.

Entre el 21 y 23 de octubre, 70 personalidades de diversas tendencias conversaron sobre la necesidad de que el Estado se maneje con responsabilidad fiscal.

La necesidad de que la ciudadanía conozca las cifras de las finanzas del Gobierno, que se concientice sobre las lecciones que nos ha dejado la pandemia en el manejo de estos dineros, y la necesidad de mantener finanzas públicas sanas y así poder atender eficazmente a quienes más lo necesitan, ha sido uno de los consensos a los que llegaron los 70 participantes en la cuarta edición de Los Consensos de Cusín, realizada en Imbabura, entre el 21 y 23 de octubre.

El encuentro, que fue una iniciativa de la sociedad civil, convocada por Abelardo Pachano, Ruth Hidalgo, Pablo Lucio Paredes, Patricia Gualinga, Mauricio Pinto, Mario Ribadeneira, Cecilia Paredes y Jefferson Pérez, buscaba generar diálogos sobre temas relevantes en el país. Esta vez fue el tema fiscal.

De acuerdo con Mauricio Pinto, empresario y exministro de Economía y uno de los convocantes, la iniciativa surgió en 2019, en conversaciones con Mario Ribadeneira, quien fue uno de los fundadores de los Consensos de Cusín a finales de los años 90. Se había pensado, en primera instancia, levantar un diálogo sobre el tema laboral. Sin embargo, el proceso se cruzó con la paralización de octubre del 2019, y más tarde fue difícil concretarlo por la pandemia. Al final se fue haciendo más claro que un tema prioritario era la discusión sobre las finanzas públicas.

Según Pinto, el encuentro fue productivo, pues se discutieron temas básicos como de dónde viene el dinero del Estado, cómo se lo gasta, cuestiones dolorosas sobre cómo se desperdician los recursos y cómo subsidios van a sectores más pudientes en vez de ser eficientes y focalizados.

Explica además que no se trató de una reunión política ni una “reunión de amigos” como se lo ha calificado, sobre todo desde redes sociales. Asegura que fueron cuidadosos en invitar a académicos, empresarios, representantes sociales, todos ciudadanos que cumplían requisitos como diversidad regional, diferentes pensamientos económicos y equidad de género.

Para Pinto, lo más importante en una economía es contar con los recursos y no tener que depender del endeudamiento. “Es como en toda familia, cuando bajan los ingresos hay que bajar los gastos, y si uno se endeuda esos recursos deben ser invertidos en algo que le dé rendimientos pero al corto plazo”, dice. En el caso del Estado, los gastos incluyen pagar subsidios, pero estos no pueden ser para siempre y deben generar réditos o resultados, dice.

Pinto asegura que también quedó clara la existencia de una gran evasión en el tema tributario y que lo más sano es tener un sistema progresivo, en el cual los más ricos paguen más, pero en el cual también todos paguen.

Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, que también fue invitado, coincide en que los diálogos que se dieron en Cusín, y que involucraron a personas de izquierda y derecha, arrojaron un consenso general: “que independientemente de la ideología se debe tener responsabilidad fiscal y sostenibilidad fiscal, esto es el núcleo para sostener el gasto social y para que en el futuro pueda la economía crecer”.

Un punto trascendental es entender que antes de la pandemia ya había problemas fiscales serios. Entre los temas de discusión estuvo la importancia de que la sociedad conozca las cifras fiscales y las entiendan. En el país ese tema aún se ve muy lejano. Luego, conociendo las cifras, plantear las diversas soluciones a fin de que se genere una sostenibilidad. Un punto de inflexión sería, según Carrera, que la sociedad civil pueda entender las heridas que dejó la pandemia: desempleo, pobreza, mala respuesta en servicios como la salud.

Explica que estos se hubiesen podido atenuar si el Ecuador hubiera mantenido previamente políticas fiscales responsables, como por ejemplo mantener ahorros. Ahora a futuro hay que replantear las políticas para que la economía funcione. El entendimiento de este tema por parte de la sociedad es vital, pero reconoce que en Ecuador aún este conocimiento no está extendido.

Los diversos participantes, entre quienes destacaron Patricia Gualinga, Mireya Pazmiño, Martha Roldós, Xavier Hervas, Oswaldo Hurtado, Augusto de la Torre, Jaime Carrera, Benjamín Carrión, Otto Sonnenholzner, María Paula Romo, escucharon conferencias de Andrés Velasco (exministro de Hacienda de Chile), Mauricio Cárdenas (exministro de Finanzas de Colombia), Santiago Levy (execonomista jefe del BID), Jorge Castañeda (excandidato a presidente de México) y luego participaron en las discusiones. También estuvieron miembros del Gobierno, como el ministro Simón Cueva y el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán.

Dentro de 13 puntos de consenso, los participantes dijeron que esperan que el Gobierno y la Legislatura marquen la ruta que saque al país de este entrampamiento sobre “la base de un Estado que no gaste más de lo que puede costear la sociedad”, que administre con transparencia y sin corrupción los recursos públicos, que su política social reduzca la pobreza y que no hipoteque el futuro ni destruya la naturaleza. El acuerdo fiscal y social que proponemos no es la solución a todos los problemas que enfrenta el país, pero sí es un prerrequisito fundamental para hacerlo. “La sociedad civil deberá vigilar el cumplimiento de esta tarea que solo será posible si mantenemos un espíritu de diálogo”