Propuesta del Gobierno apunta a sancionar a los cabecillas de 11 bandas

Pedazos de bloques, láminas de metal, madera y fierros son los materiales que los presos utilizan para armar sus trincheras en la Penitenciaría de Guayaquil. Desde el fin de semana del 13 de noviembre del 2021, los prisioneros han montado estas barreras en patios, techos y celdas.

Familiares de los detenidos dicen que están construyendo estos obstáculos para defenderse en caso de una nueva arremetida de las bandas delictivas. Esto ocurre debido a que la Policía y los militares aún no logran recuperar el control total de la cárcel más poblada del país.

Hasta ayer, 16 de noviembre, el Servicio de Personas Privadas de Libertad (SNAI) no tenía información de un control de todos los pabellones. Los guías de la cárcel incluso hablaban de una posible reagrupación de las mafias.

Pero, ¿cuántas bandas criminales hay en las prisiones?

Informes del SNAI y de Inteligencia policial identifican a 11 grupos. Entre esos están: Choneros, Lagartos, Tiguerones, Lobos, Fatales, Ñetas, Chone Killers, Águilas, Fantasmas y Cubanos. Cada una de estas organizaciones goza de una estructura jerárquica y de células pequeñas.

Ellos tienen el control de servicios como la alimentación, el derecho a una cama y hasta asesoría legal. Además, se conoce que dentro de las cárceles más grandes hay redes de extorsión, tortura, secuestro y prostitución.

De hecho, en las últimas horas se conoció que las mafias están amenazando a los dueños de las funerarias de Guayaquil. Los amedrentamientos se dan para exigir una comisión de los servicios exequiales de las familias de los 68 presos que fueron asesinados este fin de semana.

El poder de las mafias dentro de ciertas cárceles es total. Informes, que reposan en el Asamblea Nacional, confirman que las mafias tienen las llaves de las celdas. Las bandas también modifican espacios de la estructura carcelaria. En los últimos meses se han identificado sitios como piscinas, bares, cantinas y salas de tortura.

Todos estos actos fueron consultados por este Diario a cinco expertos. Ellos analizan las medidas adoptadas por el Presidente y las salidas para afrontar la crisis carcelaria.

El manejo de la justicia en el país debe reestructurarse

Marcelo Toro, experto penitenciario

En las medidas anunciadas por el presidente Guillermo Lasso no se toma en cuenta el problema de fondo de las cárceles. El hacinamiento en las prisiones responde a un mal manejo por parte de la Función Judicial. Jueces y fiscales desde hace años empezaron a ordenar prisión preventiva en todos los procesos. Esto generó que las cárceles se vayan llenando de personas hasta el punto que los ejes de tratamiento son imposibles de realizar, por la gran cantidad de detenidos. A esto se suma la poca celeridad y la debida diligencia para tramitar los procesos de liberación. Las cárceles están llenas de personas con delitos menores. Eso hace que tampoco exista un orden. Detenidos por el robo de un teléfono están junto a narcotraficantes. Esto provoca que los jóvenes detenidos busquen protección y se adhieren a una banda, volviéndose susceptibles de ser influenciados, presionados y elevan sus grados de peligrosidad. El Estado debe concentrarse en estos puntos.

La propuesta de ampliar el catálogo de delitos es un error

Pamela Chiriboga, experta en DD.HH

Intentar combatir la violencia en las cárceles con una nueva figura penal no es la solución. Está comprobado que ampliar el catálogo de delitos no reduce los actos delictivos. En 2014 ya lo hicieron con el Código Integral Penal (COIP). Desde entonces no se han reducido los delitos, por el contrario se han incrementado y eso se refleja en el hacinamiento que se registra en las prisiones. A nosotros, como organizaciones de derechos humanos, nos preocupa cómo se pudiera construir este nuevo tipo penal. Además, ya existen figuras penales que sancionan a la delincuencia organizada. Lo que se está haciendo es ratificando el discurso de seguridad que hasta el momento no da resultados. El Gobierno ordenó que policías y militares entren a las cárceles. Pese a su presencia han existido nuevas matanzas y se encuentran armas dentro de las cárceles.

Con la nueva figura legal que quieren crear se puede confundir a líderes de grupos sociales con bandas delictivas.

El Estado debe investigar crímenes en las cárceles

Marco Jurado, experto en DD.HH

Una de las mayores fallas que tiene el sistema de Rehabilitación Social es su formación profesional. Los centros carcelarios históricamente han sido manejados por personas que no conocen las dinámicas de tratamiento para personas privadas de libertad. La falta de psicólogos y técnicos se refleja en la distribución de los detenidos. Ellos deberían ser los responsables de emitir informes sobre la clasificación de acuerdo con la peligrosidad. No es posible que una persona que ha cometido delitos como asesinato esté en pabellones de mediana y mínima seguridad. El Gobierno dijo que se retomará el control de las cárceles a través de una negociación. No estoy de acuerdo, porque el Estado no debe dialogar con las bandas, debe investigar los crímenes en las prisiones. Ha muerto gente inocente y sus familias necesitan conocer la verdad. Se requiere que todo el personal del sistema penitenciario sea depurado. Los servicios de inteligencia deben explicar por qué no alertaron.

La respuesta del Estado atiende a un fervor público

Daniel Pineda, experto en cárceles

Las medidas adoptadas por el Presidente son una respuesta populista. Esto no va a frenar la violencia. Está comprobado que cuando se afecta a los jefes de las bandas se incrementan los delitos en las calles. Las retaliaciones y los asesinatos también aumentan. Las autoridades no conocen el problema de fondo. Lo que se debe hacer es sacar de las cárceles a la gente que no debe estar allí. El pabellón 2 de la Penitenciaría, que fue atacado el fin de semana, estaba lleno de personas transitorias, es decir, no estaban juzgadas. No es posible que ellos estén en el mismo centro que presos de alta peligrosidad, que han cometido delitos como narcotráfico, asesinato y violación. En las cárceles hay personas con enfermedades catastróficas, personas de la tercera edad y hasta padres con boletas de apremio. Ellos deberían estar en otros centros. Se debe crear un sistema electrónico para el cálcu­lo del cumplimiento de penas, para que no haya personas en prisión cuando debieran salir.

El trabajo de los guías penitenciarios se debe fortalecer

Cristian Peñaherrera, Aso. de Servidores Penitenciarios

En los últimos 12 años, el sistema ha pasado de institución a institución por experimento de autoridades que poco o nada conocen de tema. Quienes han administrado el sistema no tienen experiencia. Eso ha generado que la carrera penitenciaria no tenga una formación eficaz. El apoyo estatal a este grupo ha sido mínimo. Prueba de eso es que los guías no tienen seguro de vida. En sus actividades incluso tienen que aportar con sus propios recursos. Un ejemplo son las mascarillas. La institución no dispone de medios de movilización, de armas, no existe infraestructura para los agentes. La falta de personal es evidente. Hay 1 600 agentes para 40 000 presos. Todo esto hace que exista corrupción dentro de las cárceles. Los agentes no tienen protección del Estado. De allí que este año han asesinado a guías en cuatro cárceles. Esas muertes no se han investigado. El Estado también debe velar por sus funcionarios y debe haber una capacitación en prevención.