Ocho policías son llamados a juicio por irregularidades con un helicóptero de la institución

Ocho miembros de la Policía Nacional, entre ellos varios oficiales, fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, relacionado con la adjudicación de un contrato para el mantenimiento de una aeronave del Servicio Aeropolicial.

Este caso, que se encuentra a cargo de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Fiscalía, inició con una denuncia en la que se señalan presuntas irregularidades con uno de sus helicópteros.

Sobre la base de esa información se ejecutó un allanamiento que permitió obtener la documentación original del contrato y con ello se llevaron a cabo las pericias correspondientes para establecer las presuntas responsabilidades.

Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada en Quito, la Fiscalía señaló que el delito se habría cometido cuando los procesados –miembros de Aeropolicial– direccionaron, supuestamente, la adjudicación de un contrato de mantenimiento para un helicóptero a un proveedor, por un valor de 733.000 dólares, aproximadamente.

La investigación determinó que en la etapa precontractual, contractual y de ejecución del mencionado contrato se cometieron varias irregularidades que no fueron observadas por la comisión técnica, entre estas, que uno de los oferentes no contaba con un RUC adecuado para brindar el servicio solicitado o que otro tenía un RUC falso, inconsistencias en las firmas del estudio de mercado y en el acta de negociación, entre otras.

Como principales elementos de convicción se presentaron la pericia de contratación pública, en la que se evidencian las inobservancias a la normativa vigente; y las pericias documentológica y grafotécnica.

Además, gran cantidad de documentación relacionada con la ejecución del servicio contratado. Por ejemplo, un acta firmada por el administrador en la que señala que el mantenimiento ya estaba realizado, cuando la aeronave todavía se encontraba fuera del país y no se habían efectuado las pruebas de su correcto funcionamiento.

Asimismo, la demora en la ejecución del contrato desencadenó en la caducidad de las pólizas de fiel cumplimiento

Tras el dictamen presentado por la Fiscalía General del Estado, la jueza Luz María Ortiz indicó que los elementos presentados hacen presumir la responsabilidad de los procesados en el delito imputado, por lo que llamó a juicio a todos.

Solo para uno de ellos el proceso queda suspendido, ya que se encuentra fuera del país –incumpliendo la medida cautelar dispuesta– y este delito no puede ser juzgado en ausencia.