‘No existen coincidencias’, dijo Llori sobre proceso judicial
Los pronunciamientos de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), en relación a un proceso judicial en la provincia de Orellana generaron controversia, después de que ella denunciara una “campaña sucia” en su contra cuando se tramitan proyectos del Ejecutivo.
Llori reaccionó este lunes 22 de noviembre de 2021, luego de que en redes sociales se conociera una investigación sobre la Prefectura de Orellana, que ella ocupó antes de convertirse en la primera autoridad de la Legislatura.
Aunque terminó por retractarse, al sustituir por otro un primer comunicado sobre el tema en Twitter, Llori ligó esta situación a supuestos “actos orquestados” en su contra, “en momentos en los que el Parlamento conoce y debate el proyecto de ley económico urgente Ley Orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del covid19, y la aprobación de la proforma presupuestaria 2022, al tiempo que procesa nuevas acciones de fiscalización y control político sobre temas altamente sensibles para el país, y que son de dominio público. No existen coincidencias”, sentenció.
El jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, consideró que en Orellana habría el interés de afectar sus relaciones “cuando hoy más que nunca Ejecutivo y Legislativo están trabajando juntos”.
“Más bien, creo que con estas acciones alguien busca dividir a ambos, cuando eso no sucederá. Estamos trabajando juntos”, dijo y aseguró que el oficialismo “nada tiene que ver” con lo que se ventila en la provincia amazónica.
Se trata de un pedido de investigación de la Fiscalía que tiene relación a una sentencia emitida por la Corte provincial de Justicia de Orellana, dentro de un proceso penal por el presunto delito de peculado que se sigue en contra de exfuncionarios de la Prefectura.
“Los jueces solicitan una acción de control sobre un supuesto delito en el cual ya se investigó a la actual presidenta de la Asamblea y se determinó que no era responsable de ningún acto relacionado con el caso que se investiga”, aseveró Llori en un comunicado que, en principio, titulaba “¿Campaña sucia o más intentos de desestabilización?”.
Agregó que “el supuesto cometimiento del delito se remonta al año 2005, por tanto, la acción de control que los jueces requieren en esta sentencia, se encuentra caducada”.