Un préstamo del BID de USD 45 millones será destinado a mejorar las condiciones del sistema de rehabilitación social. Uno de los puntos centrales es la construcción de tres nuevas cárceles. El Gobierno sigue buscando financiamiento para hacer frente a la crisis carcelaria. Unas de las fuentes anunciadas es un préstamo de USD 45 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las gestiones para este crédito las empezó el gobierno anterior a mediados de 2020 y fue aprobado en enero de 2021. Según el registro oficial del BID, el programa de crédito está en etapa de implementación.
Aunque, el organismo confirmó a PRIMICIAS que todavía no se ha empezado a desembolsar el dinero. Según el proyecto, la entrega del dinero debería completarse hasta 2025.
El proyecto se denomina Programa de Equidad para el Acceso a la Justicia y Rehabilitación.
Su objetivo principal es “fortalecer la capacidad de proveer acceso al derecho constitucional de rehabilitación integral y la protección de las personas detenidas y adolescentes infractores”.
El préstamo es del tipo Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF) y tiene un plazo de amortización de 25 años, con cinco años y medio de gracia.
Nuevas cárceles
El proyecto consta de cuatro componentes, pero solo uno de ellos demanda USD 25,2 millones, lo que representa el 56% del total del préstamo.
Ese rubro busca la implementación de un modelo moderno de reinserción social para mujeres y adolescentes. Con el préstamo se financiarán:
Es decir, en 2025. Mientras que la cárcel modelo de mujeres se construirá en Bahía de Caráquez (Manabí) y estaría lista en 2024.
Estas edificaciones tendrán principios de arquitectura bioclimática e incorporarán medidas de reducción en el consumo de energía y agua. Aquí puede revisar los bocetos de los planos de estos centros (presione la flecha gris para ver la siguiente imagen):
Los otros componentes El proyecto tiene tres componentes más, en los que se invertirá el otro 44% del préstamo.
Servirán para el seguir el cumplimiento de las recomendaciones de los mecanismos de control externo, la creación de manuales, la homogeneización de protocolos y de normas en cárceles.
Así como para el diseño e implementación de un censo penitenciario. La metodología y cronograma para esta tarea ya fueron aprobados, a inicios de noviembre de 2021, por el Organismo de Técnico de Rehabilitación social:
En esta área el proyecto plantea una inversión en la implementación de carrera para los guías penitenciarios. Se hará mediante la definición de perfiles de ingreso, procedimientos de reclutamiento y selección, ascenso y baja.
Este componente estará a cargo de la Corte Constitucional y buscará mejorar la gestión jurisdiccional.
Se basa en implementación de un nuevo modelo de gestión de la CC y la conformación de un equipo de expertos constitucionales, que permita la descongestión de causas pendientes.
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