Los contratos indefinidos de la alimentación escolar: 603 millones de dólares

En dos millones de dólares se estima la pérdida para el Estado. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) encontró este jueves, 24 de noviembre, más de un millón de galletas y 400 mil coladas del Programa de Alimentación Escolar. Los paquetes se encontraron en los galpones del Parque Industrial de Riobamba y están caducados desde 2017.

Aunque no es la primera vez que se dan estos hallazgos y denuncias de alimentación escolar desperdiciada y botada a la basura, si es la cantidad más escandalosa encontrada hasta ahora. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto?

Cada día, los más de tres millones de estudiantes de las instituciones públicas reciben una galleta y una bebida chocolatada, proporcionada por el Ministerio de Educación. Cada una de estas raciones cuesta 33 centavos de dólar.

Desde hace cinco años, tres empresas tienen mantienen estos contratos, pues el Estado les ha pagado más de 603 millones de dólares en todo este tiempo por el servicio.

En 2016 se lanzó un mega concurso bajo la figura de “Convenio Marco”. En resumen, los proveedores tenían que participar por los ocho agregados territoriales, que es la división del país por provincias. Las empresas adjudicadas fueron Lafattoria, Lechera Andina y el Consorcio Ordeño-Fortesan. Con el paso del tiempo esto se ha convertido en una suerte de oligopolio.

Estos contratos debían terminar en 2018, para lanzar un nuevo concurso y tener nuevos proveedores. Pero también había una cláusula que permitía extender el convenio. Y eso ha pasado hasta ahora. Desde el 2017, al interior del Ministerio de Educación ya hubo informes que alertaban sobre la pérdida y desperdicio de las raciones alimenticia, pues en algunos sectores los niños no la consumían y la dejaban en la basura. También se ha detectado falencias en la distribución: un informe de Contraloría determinó que se hicieron entregas en fechas en las que los estudiantes estaban de vacaciones y también hubo inconsistencias en las bases de datos.

En entrevista con Vistazo, la ministra María Pérez Brown, reconoció que hay un margen de desperdicio de la alimentación escolar, aunque dijo que no se puede determinar cuánto. Además, dice que, desde que asumió la cartera de estado en mayo pasado, ha trabajado para tener un nuevo modelo de alimentación escolar y terminar con esos contratos.

Afirma que no es fácil: un nuevo modelo requiere de la inclusión de proveedores locales para que los niños no solo reciban galletas y bebidas procesadas y empaquetadas, sino que se sumen productos de cada zona, como chochos, por ejemplo, y frutas. Eso ayudará también a dinamizar las economías locales.

Los convenios marco se han extendido desde 2018 y demorará, por lo menos, hasta junio de 2022 tener un nuevo concurso. Mientras tanto, los convenios firmados en 2016 siguen prolongándose para estas tres empresas proveedoras, a pesar de que se encuentren estos casos de raciones alimenticias con millonarias pérdidas.

Una investigación de Vistazo ya alertó sobre esta situación, que también vincula a los contratos del servicio de alimentación en las cárceles, en donde se ha gastado más de 200 millones de dólares. En las cárceles la única empresa proveedora desde 2012 es Lafattoria. Lea toda la historia en la edición impresa de Vistazo.