Llaman a juicio a exjueza que falló a favor de Jorge Yunda por presunto tráfico de influencias

La exjueza María Belén Domíguez fue llamada a juicio este miércoles 14 de septiembre de 2022 por el presunto delito de tráfico de influencias, penado con tres a cinco años de cárcel.

De acuerdo con la Fiscalía, Domínguez habría interferido –a través de dos ayudantes judiciales– en el trámite de una acción constitucional que presentó el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, para conservar su cargo como primera autoridad de la ciudad.

Para sustentar el presunto cometimiento del delito, la fiscal provincial de Pichincha, Ruth Amoroso, presentó más de 30 elementos de convicción contra la exjueza a quien señaló como autora directa del delito.

Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, desestimó el pedido de la defensa de la procesada para que se declare la nulidad procesal, declarando la validez de todo lo actuado en el trámite de la causa.

Luego de escuchar la argumentación de las partes, el magistrado aceptó el pedido de la fiscal Amoroso y dictó auto de llamamiento a juicio contra Domínguez.

Asimismo, Osejo ratificó las medidas cautelares que pesan en contra de la acusada como la prohibición de salida del país, uso del grillete electrónico, presentaciones periódicas, prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas por un monto de 19.800 dólares.

Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía constan: las versiones rendidas por las dos ayudantes judiciales, quienes confirmaron haber recibido disposiciones de la exjueza para tramitar la acción constitucional interpuesta por Yunda, misma que fue resuelta y aceptada –parcialmente– por la procesada.

Además, se expuso audios y chats de las conversaciones que mantuvieron vía WhatsApp las dos funcionarias judiciales sobre las disposiciones que recibieron de la exmagistrada.

Adicionalmente, se presentó la denuncia del entonces Director del Consejo de la Judicatura, así como copias certificadas de la acción de protección ingresada a las 17:03 del 18 de junio de 2021, a través de un acto urgente, como un proceso de violencia contra la mujer y la familia, y no por la vía constitucional, como correspondía.

TEORÍA DEL CASO

Según la Fiscalía, la exjueza Domínguez habría dispuesto –por medio de funcionarios judiciales– el ingreso de la acción constitucional al Complejo Judicial Sur de Quitumbe, con la consigna de que la causa debía recaer sobre ella, cuando lo que correspondía era que el proceso se lo tramite en la Unidad de Delitos Flagrantes, pues fue ingresado a las 17:03 del 18 de junio de 2021. Es decir, fuera del horario laboral.

Sin embargo, por pedido de la procesada, dicha acción de garantía constitucional –presentada por Yunda– llegó a su despacho como un proceso de “violencia contra la mujer y la familia –mediante acto urgente– asistencia judicial recíproca”, logrando de esta forma que el expediente no se sortee entre los 331 jueces del Distrito Metropolitano de Quito, sino que las posibilidades se reduzcan a los cuatro de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia del Complejo Judicial Sur de Quitumbe, a la que pertenecía la exjueza.