La seguridad en las fronteras se debilitó en tres años

La balacera se escuchó en todo el bloque 8 de Bastión Popular. Eran cerca de las 17:00 del domingo 28 de noviembre del 2021, cuando las detonaciones impactaron en puertas y paredes de esta barriada del norte de Guayaquil. Los vecinos corrían desesperados para llamar a la Policía.

Un grupo de agentes en patrullas y motos llegó de inmediato. Allí identificaron una vivienda y entraron para detener a un sospechoso. El desconocido tenía en su poder un fusil AM15 con más de 30 cartuchos. Además, portaba un explosivo gelatinoso.

Hoy se sospecha que ese armamento llegó a Guayaquil por el sur, desde la frontera con Perú. Los mismos indicios se tienen con otros tres cargamentos de armas que se in­cautaron en el último mes en los alrededores de las cárceles de la ciudad.

Informes de Criminalística aseguran que las mafias que operan esos centros traen desde Colombia y Perú los arsenales que utilizan para sus actividades delictivas.

¿Cómo lo hacen?

La Policía Nacional tiene información que las organizaciones criminales permean las fronteras para introducir al país ametralladoras, fusiles, subametralladoras, pistolas automáticas, revólveres, granadas y municiones de grueso calibre.

De hecho, los 315 crímenes que se han cometido dentro de los centros de rehabilitación social del país, este 2021, han ­sido ejecutados con este tipo de armamento letal.

Las estadísticas también reflejan que el uso de armas de fuego en los asesinatos que suceden en las calles del país también se ha incrementado. El 64,7% de los crímenes de este año se perpetraron con este tipo de armas. El 2020, el porcentaje era de 53,8%.
 
La Policía advierte que el control de armas en las fronteras es responsabilidad de Fuerzas Armadas. De allí que la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional pidió información al Ministerio de Defensa sobre las operaciones que se ejecutan en las fronteras norte y sur.

El ente legislativo específicamente realizó 12 consultas sobre la seguridad fronteriza y 18 más sobre el control de armas.
 
Entre las respuestas de Defensa hay un reporte del número de efectivos que tiene Fuerzas Armadas en provincias y cantones fronterizos. Allí se revela que desde 2016 hasta 2018 creció el personal para realizar patrullajes. Ese año se destinaron 3 160 uniformados. Pero en los últimos tres años la cifra de personal se ha reducido hasta llegar a los 1 043. Una caída del 67%.

Para militares que laboran en provincias como El Oro y Esmeraldas, la disminución del personal no ha influido en los controles. Los uniformados dicen que se han fortalecido los equipos de Inteligencia. Ellos en los últimos cuatro años han ejecutado 913 operativos y han decomisado cerca de 3 000 armas y 157 000 explosivos.
 
Pero los informes de Defensa sí reflejan debilidades en el control de las fronteras. En los reportes que llegaron a la Asamblea Nacional se detalla que se han detectado al menos 100 pasos ilegales, que son utilizados por las mafias para el tráfico de armamento. Y se informa que “no disponen de medios tecnológicos como drones, sensores, aeronaves no tripuladas para el control de armas en pasos ilegales”.

Por esta razón, Fuerzas Armadas se apoya en su flota de aviones subsónicos. Estas aeronaves son las que realizan los reconocimientos en tierra y mar, para detectar a los emisarios que llevan los armamentos.

Parte de los arsenales que llegan a Ecuador también lo hacen por vía aérea. La Policía Nacional ha detectado que las mafias traen fusiles y armas automáticas desde Centroamérica y México. Lo hacen en vuelos de avionetas pequeñas que luego se utilizan para trasladar grandes cargamentos de droga a Estados Unidos.

El radar que fue colocado en el cerro Montecristi iba a servir para detectar a esas aeronaves ilegales. Sin embargo, no funciona desde el 9 de noviembre pasado, pues hubo una detonación en el equipo. Hoy se indaga si fue un ataque o un desperfecto.

Pero Fuerzas Armadas sostiene que pese a esto, los operativos antiarmas no se detienen. En los últimos meses se han realizado intervenciones en las ciudades con más conflictos o hechos violentos.

En Manabí, por ejemplo, más de 1 000 militares han llegado a custodiar las vías. Lo mismo ha ocurrido en la provincia del Guayas. En esta jurisdicción, incluso los uniformados han sacado a las calles vehículos blindados.

El pasado 15 de noviembre, las Fuerzas Armadas, con apoyo de la empresa privada, destruyeron 4 254 armas de fuego letales, 606 armas de fuego no letales y 8 545 accesorios. Todo ese material ha sido confiscado en entre 2020 y 2021.