La comunidad Sinangoe quiere otro futuro sin extractivismo

La primera imagen que se observa al llegar al río Aguarico, 20 minutos vía adentro desde Lumbaquí, es la presencia de tres integrantes de la Guardia Comunitaria. Uno de ellos es Olger Tienama, de 26 años. En su espalda tiene una lanza enfundada y cerca de su brazo una radio, para comunicarse con los miembros de la Comunidad A’I Cofán de Sinangoe.

Luego de comprobar que existe autorización para ingresar a su territorio hay que cruzar dos brazos de río en lanchas conducidas por miembros de la Guardia. Mientras la embarcación avanza a contracorriente, el paisaje amazónico contrasta con los restos del puente colgante-peatonal que colapsó en diciembre del 2020, apenas dos años después de su entrega.

Este trayecto también lo cumplieron cinco jueces de la Corte Constitucional (Daniela Salazar, Karla Andrade, Ramiro Ávila, Alí Lozada y Agustín Grijalva), quienes por primera vez instalaron una audiencia en una comunidad indígena, como parte de un proceso para dictar jurisprudencia vinculante. Es decir, para establecer parámetros de cumplimiento obligatorio. La diligencia se celebró el lunes 15 de noviembre del 2021.

En Sinangoe, la primera edificación que se observa es la escuela, que desde hace un año permanece inhabilitada ante el riesgo de erosión del Aguarico. A cuarenta metros está la casa comunal, que acoge a los niños que siguen la educación básica.

Wider Guaramag, uno de los líderes de la Comunidad, explicó que en su territorio existen unas 35 viviendas. Hay pocas casas de cemento y la mayoría son de madera. La red eléctrica llegó en el 2000, pero 22 familias aún viven sin luz. Tampoco existe agua potable.

Una instalación de agua entubada, que trae el líquido directamente de una vertiente cercana, abastece a unas diez familias, como complemento a los sistemas de agua lluvia.  En la comunidad sí hay una conexión a internet, pero muchas veces colapsa por la cantidad de dispositivos enlazados.

El lunes, la Comunidad de Sinangoe recibió a cerca de 300 personas, principalmente representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, en su mayoría, de la Amazonía.

¿Por qué hubo una audiencia ahí?

En noviembre del 2019, la CC seleccionó sentencias previas impulsadas por esa comunidad a escala provincial, con las que se logró revertir 52 concesiones para exploración y explotación de oro que afectaban a los ríos Chingual y Cofanes.  La Corte Provincial de Justicia de Sucumbios halló vulneraciones en el derecho a la consulta previa, así como a los derechos de la naturaleza.

En la audiencia, los comuneros pidieron que la CC establezca parámetros vinculantes sobre la autodeterminación, es decir, sobre las decisiones de los pueblos y nacionalidades. También que se fije normativa clara no solo para la consulta, sino que se considere el consentimiento libre, previo e informado, como requisito fundamental para dar paso a proyectos extractivistas.

Severino Sharupi, presidente de la Federación Shuar de Pastaza, pidió en la audiencia que las consultas no sean solo socialización de proyectos. “Hasta ahora nunca se ha dado una consulta real”.

Tayra Narváez, una pequeña de doce años, entregó a los jueces constitucionales dibujos hechos en cartulinas, en los que se pedía cuidar su casa. Jaqueline Lucitante, en cambio, narró que en Sinangoe mantienen una relación especial con su territorio, y que todo su bagaje ancestral se vería comprometido con la minería.

Los únicos accionados que viajaron a la comunidad fueron cuatro representantes del Ministerio de Energía, encabezados por Eduardo Chang y Darío Borja. Con traje y corbata argumentaron que la Asamblea Nacional “adeuda” la promulgación de una Ley Orgánica de la Consulta Previa. En los últimos siete años, se han presentado al menos tres proyectos sobre este tema, pero ninguno prosperó en el trámite. Dentro de la agenda legislativa de Pachakutik consta como prioridad impulsar esta ley, pero tampoco hay avances.

Para los emisarios del Ministerio de Energía, la CC tiene la oportunidad de desarrollar reglas claras. Apuntaron a la minería ilegal como la causante de los perjuicios ambientales. “El objetivo de la minería legal es crear fuentes de empleo y riqueza, compartir esa riqueza con las comunidades”.

El Gobierno, a través de los Decretos 95 (Política Petrolera) y 151 (Política Minera) plantea ampliar la presencia de esas dos industrias, pero las disposiciones afrontan demandas de inconstitucionalidad impulsadas por el movimiento indígena. Por ello, la jurisprudencia vinculante que salga del caso de Sinangoe, será clave para futuros proyectos extractivistas.

Wider Guaramag dice que ellos ven a su territorio como parte de la comunidad, donde cazan, pescan, y mantienen las tradiciones de sus ancestros. Como una alternativa al extractivismo, en Sinangoe se busca impulsar un proyecto turístico, pero la falta de infraestructura y de recursos es un obstáculo. “Lo que pensamos es buscar apoyo para gestionar un teleférico que pueda conectar de aquí directamente a la vía”.

Luego de la audiencia, las delegaciones se reunieron con Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Resolvieron declararse en asambleas permanentes, hasta que la CC dicte su sentencia. Los jueces no tienen plazo para emitir su pronunciamiento.

Otra resolución es pedir al Gobierno que suspenda el otorgamiento de nuevas licencias para proyectos mineros, petroleros o de hidroeléctricas, mientras no se apruebe la Ley sobre la Consulta Previa, en el Legislativo.