La Asamblea puede derogar la reforma tributaria tras su publicación

El futuro de la Reforma Tributaria del Gobierno no está sentenciado del todo. Como parte de sus facultades, la Asamblea tiene la posibilidad de modificar o derogar una ley una vez que entra en vigencia.

El artículo 140 de la Constitución, en el que se norma el tratamiento de las leyes enviadas con carácter de económico urgente, establece que el Legislativo “podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla”.

El constitucionalista Emilio Suárez mencionó que esto se puede hacer mediante el trámite ordinario. Es decir; es necesaria la presentación de un proyecto que deberá pasar por un primer y segundo debate. Al final, debe aprobarse con mayoría absoluta (70 votos).

El también experto en Derecho Constitucional, André Benavides, explicó que no hay un lapso que deba esperar el Legislativo para activar este procedimiento. Sin embargo, es necesario que el proyecto tenga el apoyo del 5% de los legisladores o de alguna bancada.

Todo el trámite para la modificación o derogatoria de una normativa, tal como lo establece la Ley de la Función Legislativa, podría tomar al menos tres meses, según Benavides.

La posibilidad ya se ha puesto sobre la mesa. El asambleísta Fausto Jarrín, del correísmo, mediante un pronunciamiento sobre la actuación de su bancada el viernes pasado, señaló: “Si el Gobierno llega a promulgar el proyecto por el ministerio de la Ley, la Asamblea tiene la facultad de derogarlo”.

El viernes pasado, la Asamblea no logró aprobar ni negar la Reforma Tributaria. La moción del informe de mayoría fue negada. Eso dio paso a que se tratase el informe de minoría; tampoco tuvo los votos.

La moción de la asambleísta Mireya Pazmiño de negar y archivar el proyecto no reunió las voluntades necesarias. En la última votación, el correísmo se abstuvo. Al final, la falta de un pronunciamiento del Legislativo allanó el camino para que pasara por el ministerio de la Ley.

Jarrín dijo que una vez que eso se presente “volveremos a ver quiénes apoyan al Gobierno y quiénes nos oponemos”.

Por su parte, la Izquierda Democrática también anunció, tras la votación del viernes, que planteará la derogatoria.

En un comunicado señaló también que demandará su inconstitucionalidad.

El Gobierno prevé este lunes 29 de noviembre empezar el trámite para que la norma entre por decreto-ley.

Según Libia Rivas, experta en Derecho Parlamentario, el secretario jurídico de la Presidencia solicitará a la Asamblea Nacional una certificación del pronunciamiento sobre la Ley. Después de esto y ante la falta de una de una decisión, el Gobierno puede enviar el texto para su publicación en el Registro Oficial.