Informe de la Contraloría sorprendió a la Asamblea

La decisión de la Contraloría de archivar una investigación al presidente Guillermo Lasso por los denominados ‘Pandora Papers’ tomó por sorpresa a la Asamblea, que ayer martes se instaló para el debate de una resolución sobre el mismo tema.

El organismo de control dijo no haber encontrado “elementos objetivos que demuestren que, a las fechas de inscripción de la candidatura del Presidente, y de posesión de dicho cargo, (Lasso) era propietario directo o indirecto de bienes o capitales” en paraísos fiscales.

Tras recibir la notificación, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República señaló en un comunicado que el dictamen de la Contraloría “comprueba (…) que el presidente Lasso no incumplió con esta premisa, como malintencionadamente grupos políticos quisieron posicionar en la opinión pública, apegados a intereses personales”.

“De conformidad con la Ley, la Contraloría es la única autoridad competente para analizar y juzgar si un funcionario público cumplió o no con el compromiso de no tener bienes en paraísos fiscales (…). Con este dictamen todas las injurias vertidas contra la legitimidad de una Presidencia, ganada tras la voluntad del pueblo ecuatoriano democráticamente, han sido desmentidas”, insistió la Presidencia.

Cuando el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Cabascango (Pachakutik), intervino en el Pleno, dijo que el pronunciamiento de la Contraloría le provocó “asombro” y defendió el informe que, en cambio, concluyó que Lasso habría incumplido con la ley que desde 2017 prohíbe a funcionarios públicos tener inversiones en paraísos fiscales.

Cabascango señaló que en una comparecencia las autoridades de la Contraloría habían presentado una hoja de ruta para poder presentar un informe en seis meses. “Hoy nos asombra que ya tengan una resolución de esa instancia”, sostuvo.

La sesión se instaló con media hora de retraso y continuaba hasta el cierre de esta nota: 19 asambleístas de distintas bancadas se registraron para el debate.

“Oh sorpresa, ahora justamente antes de que tratemos y que resolvamos el tema dentro del Pleno de la Asamblea Nacional ya la Contraloría General del Estado decide archivar. Eso nos preocupa”, dijo a la prensa la jefa del bloque del bloque correísta de UNES, Paola Cabezas.

Ya en el Pleno, Cabezas propuso al Pleno aprobar una resolución para que el Pleno active el procedimiento previsto en el art 130.2 de la Constitución para que se declare “grave crisis política” y así avanzar hacia la destitución del Primer Mandatario.

Pero la resolución se requería de 70 votos. El jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, fustigó el pronunciamiento de la Contraloría: “vigilaremos la actuación de cada una de las instituciones del Estado, que lo hagan con seriedad”, señaló. Pero aseguró que no darán su respaldo a que se pretenda desestabilizar al Gobierno.

Otros asambleístas como Xavier Santos, de la ID, o Bruno Segovia, exPachakutik, señalaron que lo que sí apoyarán es un pedido para que Lasso comparezca ante el Pleno y rinda explicaciones.

La bancada del movimiento indígena llegó dividida, al punto de que mientras Cabascango defendió el informe, su coidearia Sofía Sánchez, una de las integrantes de la Comisión de Garantías, se ratificó en sus denuncias de que hubo irregularidades en la aprobación del informe.

Con el apoyo de varios videos, Sánchez denunció que dicho expediente se hizo al apuro, sin pruebas de sustento y sin debate, al punto de que Mario Ruiz, otro de los asambleístas de Pachakutik, no aceptó una moción de la correísta Victoria Desintonio para convertirse en ponente del informe, y ella tampoco, antes de que Cabascango finalmente no pudo excusarse.

El oficialista Francisco Jiménez señaló que este informe fue producto de “elucubraciones sin fundamento… tratando de generar una esperanza de conmoción que solo existe en la cabeza de algunos asambleístas”.

El constitucionalista Ismael Quintana consideró que cualquier decisión que tome la Asamblea “se va a tornar inoficiosa y, a lo mucho, lo que podría llevar es a solicitar al presidente de la República tal vez la comparecencia ante el Pleno, comparecencia que si no es dentro de un juicio político o procedimiento de destitución no le va a obligar al presidente a hacerlo”-

Si bien es cierto que el Contralor ha decido que no hay indicios o insumos para establecer responsabilidades en el ámbito de control administrativo, matizó Quintana, eso no va a impedir que la Asamblea tome una decisión respecto al informe de la Comisión de Garantías Constitucionales.