Gobierno piensa en la reforma judicial

El presidente Guillermo Lasso quiere sumar aportes para viabilizar una reforma judicial. El primer paso fue reunirse con Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y con los vocales del Consejo de la Judicatura.

Están también entre sus planes de diálogo la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y repre­sen­tantes de la sociedad civil que están vinculados al estudio y análisis del derecho.

En Carondelet, el Mandatario confirmó que su intención de reformar la institucionalidad de la Función Judicial está en camino. Muchos se preguntan, sin embargo, si es factible efectuar esos cambios sin que impliquen una intromisión del poder político en el judicial, lo que afectaría la independencia de poderes que debe tener una República.

Según el artículo 177 de la Constitución, la Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos. En los jurisdiccionales están, por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales y Tribunales.

El Consejo de la Judicatura, en cambio, es un ente de administración, vigilancia y disciplina. Mientras que el servicio notarial, al igual que otros, forma parte de los entes auxiliares. La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado, según la Ley Suprema, son órganos autónomos de la Función Judicial.

Cuando el Jefe de Estado anunció la idea de convocar a una consulta popular, argumentó que se busca evitar conflictos entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Ayer, Lasso reconoció que hay que tener cuidado para efectuar la reforma “sin que se le meta la mano a la justicia con intereses políticos, particulares o personales”.

En el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, el Gobierno ya hizo referencia a la justicia, particularmente a la necesidad de disminuir los tiempos de resolución de casos y evitar cualquier interferencia desde otras funciones del Estado o grupos de poder.

Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, señaló ayer en declaraciones de prensa que existen casi 700 000 procesos en curso y alrededor de 2 000 jueces. Cree que la administración de justicia necesita más apoyo de las instituciones del Estado para fortalecerla. “Necesitamos más jueces, más fiscales, mayor infraestructura”, apuntó.

Según el Plan de Desarrollo, en 2020 la tasa de resolución de causas, del total de ingresadas, fue del 0,84. Para 2025, el Gobierno fijó la meta de aumentarla a 1,06. También se propone incrementar de 3,87 a 5 defensores públicos por cada 100 000 habitantes.

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, dijo el lunes que están dispuestos a contribuir al debate sobre una posible reforma constitucional o legal. Pero precisó que es necesario “respetar la independencia judicial”.

Murillo cree que una posible reforma podría enfocarse en la autonomía económica del Consejo de la Judicatura, para cubrir el déficit de operadores de justicia.

Actualmente, necesitan de certificaciones del Ministerio de Finanzaspara avanzar en los procesos. “Esa certificación para proyectos llega tarde o no llega nunca”.

Según el vocal, la Judicatura administra alrededor de 12 000 servidores judiciales, bajo un régimen disciplinario. Además, tienen a su cargo procesos de evaluación y concursos. “Con esta estructura nos es complicado cumplir con esas atribuciones”.

Durante su rendición de cuentas, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, calificó como “trascendental” el rol del organismo que preside.

Ante los comentarios sobre una posible eliminación de la entidad, dijo que la autoselección y la autoevaluación de los operadores de justicia serían un error metodoló­gico y técnico.

El Consejo de la Judicatura se encarga del servicio de justicia. Sin embargo, el criterio en los fallos, eso es administración de justicia”, apuntó la funcionaria.
 
Yolanda Yupangui, presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, recordó que hasta antes de 1998, la desaparecida Corte Suprema de Justicia también se encargaba del ámbito administrativo.

Se pregunta, sin embargo, es si ahora, con miles de funcionarios judicialesy causas represadas, los propios jueces pudieran ejercer esas dos tareas.

La experta pide que el Ejecutivo escuche a gremios de abogados para identificar nudos críticos en el sistema de justicia, como por ejemplo, el sistema informático. El propio Consejo de la Judicatura reconoce que es obsoleto. “No vayamos a borrar todo y volver de nuevo. Hay que reconocer que también existen profesionales valiosos”, mencionó