Exgerente del hospital Teodoro Maldonado y otros son procesados por peculado en compra de medicinas

Cuatro personas fueron procesadas por su presunta participación en el delito de peculado en la compra de medicinas, dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil,

Entre los involucrados consta el exgerente del hospital, Luis Jairala Zunino; así como exfuncionarios y un proveedor: Teresa de Jesús S. D., Gustavo Adolfo P. J. y Wendy Maritza O. M.

La investigación fiscal se centró en un Informe de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, que observaba un contrato correspondiente al 2018, por un monto de 590 mil dólares, destinado a la compra y adquisición de insumos y medicinas para la Unidad de Enfermería del centro hospitalario.

Según Fiscalía, el supuesto perjuicio económico al estado ecuatoriano sería de más de 295 mil dólares, correspondientes al pago anticipado del 50% del valor total de la contratación.

Además, los funcionarios que intervinieron en el proceso, habrían dejado vencer la póliza de fiel cumplimiento, con la que se hubiera podido indemnizar al asegurado (hospital) si es que no se cumplía con lo definido en el contrato.

En operativos liderados por la Fiscalía del Guayas, en conjunto con unidades de la Policía Nacional, se ejecutaron varios allanamientos a domicilios ubicados en Kennedy Norte, La Alborada, Los Ceibos, en Guayaquil, y en una urbanización en la vía Chongón, donde se procedió a la detención de cuatro personas.

Los detenidos, que venían siendo investigados por Fiscalía desde octubre de 2021, habrían intervenido en el proceso de adquisición de medicamentos que nunca fueron entregados ni ingresados a las bodegas del hospital del Seguro Social.

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada el pasado viernes 3 de junio en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, Errol Elizalde, presentó como elementos de convicción: el Informe de Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloria General del Estado, del período correspondiente al 2018; el informe pericial de reconocimiento de evidencias y objetos (inspección técnica ocular a las instalaciones hospitalarias) y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, emitido por la Policía Judicial.

También se sumó el informe ejecutivo ampliado de la compañía proveedora, remitido por el Servicio de Rentas Internas, versiones de funcionarios de la Contraloría y del hospital Teodoro Maldonado Carbo, las copias certificadas de las hojas de vida de los funcionarios, el informe investigativo y de aprehensión de la Policía Nacional, entre otros.

Fiscalía procesa este caso según el artículo 278, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años a los servidores y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados.