Escáneres obsoletos complican el control de las cárceles más grandes

Los escáneres en la Penitenciaría de Guayaquil no funcionan. Los guías penitenciarios, que trabajan en ese centro, confirman que los equipos están abandonados y en los últimos tres años han sido obsoletos. Por eso, los controles para el ingreso de personas se realizan de forma manual. Es decir, un agente chequea cada una de las pertenencias que las visitas llevan en su ropa o bolsos.

A pesar de que esas requisas se realizan minuciosamente, los guías advierten que es necesario tener un equipo tecnológico para detectar cualquier tipo de armas, drogas u objetos que luego puede convertirse en una amenaza.

Pero esta petición no es exclusiva de este centro carcelario. Un informe de la Asamblea Nacional detalla que los otros tres megacomplejos penitenciarios del país también tienen problemas con estos equipos tecnológicos.

Por ejemplo, en Chimborazo se alberga a más de 500 privados de libertad. Allí no hay un escáner para verificar el ingreso de vehículos. Los guías de ese centro dicen que solo se chequea al tacto lo que ingresa. No existen inhibidores de señal y tampoco hay cámaras de seguridad externas.

La lista de irregularidades en otros centros como la cárcel de Cotopaxi también es amplia. En ese recinto, que alberga a más de 5 000 detenidos, tampoco se utilizan escáneres en los filtros de seguridad. Esto ocurre porque los equipos aún están a nombre de la Secretaría de Derechos Humanos y eso ha impedido que mantengan un adecuado mantenimiento.

En Cuenca sucede algo similar. Los reportes oficiales señalan que en el tercer filtro de seguridad no funcionan, desde hace muchos meses, los escáneres de objetos y de uso corporal. Tampoco está activo otro equipo que verifica la entrada de vehículos al centro.

Para la Policía, estas fallas en las seguridades han generado que las bandas creen rutas de ingreso de armas y drogas a estos sitios. Para los agentes, la falta de estos equipos sería un factor que determinó el incremento de la violencia. Este año ya se contabilizan 315 asesinatos de detenidos en el sistema penitenciario.

Por eso, el Gobierno ha iniciado una evaluación de la falta de equipos especializados. Hasta el momento se conoce que ya se concretó la compra de dos escáneres por un valor cercano a USD 6 millones. La Gobernación del Guayas ha confirmado que uno de esos equipos será destinado para el complejo carcelario de la provincia. El segundo, en cambio, será instalado en la Sierra.

Aunque aún no se conocen detalles de esta compra, fuentes oficiales han confirmado que se trata de equipos de última generación que permiten visualizar el interior de cualquier objeto mediante rayos X.

Esta es parte de la nueva inversión que el Estado ha señalado que ejecutará para solventar la crisis carcelaria. Lo que no se ha informado aún desde el Gobierno es si al país llegarán más equipos de estas características, para los demás centros penitenciarios.

Especialmente, a las cárceles más pequeñas que tampoco tienen escáneres. Una de estas es la cárcel 4 de Quito. Allí la mayoría de detenidos son policías o acusados por actos de corrupción.

En otros lugares como la cárcel El Rodeo, en Manabí, tampoco existen escáneres. Allí hay equipos obsoletos de una adquisición con irregularidades que datan del 2017.

Pero no es la única compra que tuvo inconvenientes. La Contraloría del Estado ha realizado múltiples exámenes especiales a las adquisiciones del Servicio Nacional de Rehabilitación Social o SNAI.

En estas se detalla que entre el 2013 y el 2017 se intentaron comprar al menos ocho escáneres. Uno de estos debía llegar a la cárcel regional de Guayas. El reporte de compra señala que fue entregado en el 2014 por un valor de USD 72 000. En la licitación se determinó que el escáner debía ser entregado luego de ocho días del pago. Sin embargo, la llegada se concretó después de 314 días. Hoy ese equipo tecnológico no funciona.

Entre tanto, en el resto de compras, la Contraloría detectó que seis equipos no cumplieron con las especificaciones correspondientes. El costo inicial era de USD 104 000, pero el proceso se suspendió. Por eso, ahora la Policía y los militares han reforzado los controles en los ingresos