Las aduanas han sido sistemáticamente debilitadas desde la Constitución de 2008. No hay ni siquiera estructuras judiciales para investigar y castigar el comercio ilícito
Cada año, el Estado Ecuatoriano deja de recibir alrededor de $2.000 millones en ingresos por culpa del contrabando. Ese monto representa casi el 40% del déficit fiscal proyectado para 2021, o casi tres veces lo que se quiere recaudar con la reforma tributaria del Gobierno.
El impacto económico del comercio ilícito es significativo, pero el control que pueden ejercer las estructuras públicas para combatirlo es mínimo.
Carola Ríos, directora del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), reconoció, durante un panel sobre el tema organizado por el portal Plan V, que en lo que va de este año se han logrado aprehensiones de $47,4 millones.
Eso representa menos del 3% de lo que mueve el contrabando. Una de las razones de fondo es que todo el sistema ha sido constantemente debilitado.
“Lamentablemente, la aduana del Ecuador fue sistemáticamente debilitada. A partir de que en la constitución de 2008 se le quitó el título de sector estratégico, a pesar de su importancia”, dijo.
Según la funcionaria, la institución tiene un alto desprestigio con relación a su operación y a cómo han venido realizando los controles.
Además, en el resto del sector público hay acciones desarticuladas e incluso falta de herramientas básicas.
“Por ejemplo, no hay fiscales aduaneros, no hay peritos aduaneros en los juzgados. Si quiero hacer una investigación, no hay una coordinación clara con otras instituciones”, acotó.
Tradicionalmente, el contrabando en el país era mayoritariamente de pequeña escala, donde miles de micro contrabandistas buscaban oportunidades e ingresos en el comercio ilegal.
Sin embargo, en los últimos años, ese contrabando artesanal y de subsistencia se están transformando cada vez más en parte de las estructuras del crimen organizado.
De acuerdo con Diego Zapater, analista forense de procesos y asesor financiero, ahora no solo se ve afectada la economía, sino también la seguridad del Estado.
“Todo está concatenado, desde el contrabando de armas que abastece a los criminales en las cárceles hasta el contrabando de medicinas, tabaco, textiles. El país todavía no sale de su asombro para entender que ya no es el esquema antiguo”, puntualizó.
La economía paralela que está creciendo, si no se la frena a tiempo, provocará más problemas sociales, productivos y de empleo.
En 2018, el Gobierno de Lenín Moreno anunció que se trabajaría para fusionar las Aduanas y el Servicio de Rentas Internas (SRI) en una sola institución hasta el final de su periodo. Sin embargo, ese proceso nunca se concretó, a pesar una de las medidas estrella para optimizar el sector público y reducir el gasto.
Napoleón Santamaría, abogado tributario, comentó que esa fusión es imprescindible para tener mejores controles y un manejo más eficiente y profesional de la recaudación de impuestos y aranceles.
Actualmente, ni siquiera se contabilizan en forma conjunta lo que recaudan las dos instituciones.
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