Ecuador inicia 2023 con menor deuda pública, pero persiste la falta de empleo de calidad

Se cerró 2022 con un déficit fiscal de menos del 2% del PIB. Eso significa menos deuda, pero también menos gasto en obras.

A diciembre de 2021, si se dividía el total de la deuda pública ecuatoriana entre el total de la población, el resultado es que la deuda per cápita sumaba $4.388,92.

Si se hace el mismo ejercicio a diciembre de 2022, la deuda por habitante baja a $4.340,72.

Así, el Gobierno, pero sobre todo la sociedad ecuatoriana, empiezan un poco menos endeudados este 2023. Esto es una gran diferencia con respecto al crecimiento del endeudamiento estatal durante la década correísta.

En total, la deuda pública aumentó alrededor de $1.100 millones entre 2021 y 2022 hasta un total de $79.600 millones. Pero, a la par, la economía nacional creció, incluyendo un récord de ventas de más de $220.000 millones.

Asimismo, la política descrita por el ministro de Economía, Pablo Arosemena, como “orden con enfoque social” permitió que 2022 se cerrará con un déficit fiscal del 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, $2.009 millones.

La combinación de crecimiento económico y control del gasto público, a pesar de que se dispararon rubros como el subsidio a los combustibles de la mano del paro de junio de 2022, lograron que el peso de la deuda pública pasara de 74% a 69% del PIB.

Andrés Mora, economista y consultor de banca internacional, puntualizó que “Por un lado, un gasto público controlado ha ayudado a mantener la inflación en niveles más bajos que la mayoría de los países de América Latina. Para 2023, la inflación ecuatoriana llegará al 2,4% y será la menor de toda la región. Por otro lado, menos deuda pública significa menos riesgo de aumento de impuestos a futuro y más espacio para gastar en salud, educación, entre otros”, puntualizó.

Según las proyecciones del Ministerio de Economía, el déficit fiscal (más gastos que ingresos) se mantendrá entre el 2,1% y 1,2% del PIB hasta 2025.

En otras palabras, aunque ya no se apunta al superávit fiscal hasta el final del periodo de Guillermo Lasso, si se mantendrá el orden con dos fines: preparar al país para los pagos de vencimientos de deuda pública que van a aumentar a partir de 2026; y tratar de aumentar el gasto en obra pública.

Crecimiento y empleo

La economía ecuatoriana se ha reactivado entre 2021 y 2022, el crecimiento ha promediado el 3,4% en estos dos últimos años. Para este 2023, se espera un aumento del PIB de entre el 2,5% y 3,1%, lo que pone a Ecuador por encima de la media regional.

Estos datos, aunque positivos, son insuficientes porque economistas como Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal han señalado que se necesitan crecimientos consistentes de entre 4% y 5% durante varios años para que aumente sustancialmente el empleo de calidad y se reduzca la pobreza.

A pesar de que el empleo adecuado (al menos el salario básico y 8 horas de labor al día) si ha aumentado, la mejora no es suficiente para producir un cambio sustancial en el precario mercado laboral ecuatoriano.

Durante el Gobierno de Guillermo Lasso, el empleo adecuado ha pasado del 31% al 36% de la Población Económicamente Activa (PEA). Así, alrededor de 3 millones de personas tienen, en promedio, ingresos superiores a los $600 mensuales.

Pero, por otro lado, más de 5 millones de ecuatorianos iniciaron este 2023 en la informalidad, con ingresos promedio que, en su nivel más bajo, fluctúan entre los $168,6 y $222,5.

Consensos y prioridades

Diana Arboleda, economista y empresaria, explicó que aumentar el empleo adecuado es uno de los principales desafíos del país en los próximos 12 meses, a través de una reforma y flexibilización en la legislación de contratación laboral.

También existe trabajo que hacer por eliminar tramitología y simplificar procesos en toda la economía, pero sobre todo en sectores importantes como el industrial y el de la construcción.

Entre esos puntos claves que se debe consensuar para el crecimiento y el empleo están: los acuerdos comerciales; el respeto a los contratos y el pago de las deudas; una reforma laboral moderna; el mantenimiento del orden fiscal y priorizar el gasto en salud, educación y seguridad; una focalización efectiva del subsidio a los combustibles; una tregua política y social sin paros violentos.

El último punto es más importante de lo que parece porque, según la consultora Inteligencia Empresarial, durante los 18 días de paro violento en junio de 2022 se perdieron al menos 37.785 empleos en actividades que van desde el comercio hasta la agricultura.

En un país como Ecuador, con un problema estructural en el mercado laboral, cada empleo perdido cuesta hasta tres veces más dinero y tiempo en recuperar. A eso se debe sumar que las pérdidas monetarias de ese paro superaron los $1.000 millones. (JS)

Lo positivo

Ecuador bajó su deuda pública del 74% al 69% del PIB.

El déficit fiscal cerró 2022 en 1,7% del PIB (alrededor de $2.000 millones).

La inflación cerró en 2022 por debajo del 4% y para 2023 será del 2,4% (la más baja de América Latina).

Se cerraron con éxito las negociaciones comerciales con Costa Rica; está casi cerrado el acuerdo con China; y se avanzan en otras negociaciones.

En 2022 se superó la cifra récord de los $220.000 millones en ventas; y  la recaudación de impuestos fue mayor a los $17.000 millones (incluyendo aduanas).

Se necesitó menos deuda nueva en 2022 y la tendencia se mantendrá en este 2023.

Los bancos continúan sólidos y entregaron más créditos.

El sector exportador no petrolero alcanzó cifras récord

Lo negativo

El gasto en obra pública se mantuvo en niveles bajos de alrededor de $1.800 millones en 2022; y la situación se mantendrá en 2023.

El empleo adecuado mejoró, pero todavía más de 5 millones de ecuatorianos sobreviven en la informalidad.

El acuerdo comercial con México quedó estancado por el tema del camarón y el banano.

Avance fue insuficiente en temas como: balances y operaciones de Petroecuador; mejoras en el sistema de contratación pública; atracción de inversión extranjera.

El Gobierno no ha impulsado un real plan de desarrollo y de atracción de inversiones para sacar del abandono a provincias como Esmeraldas y otras zonas de frontera.