Dos estados están vigentes: por emergencia carcelaria y excepción ante ola delictiva

Carlos Jijón, el vocero presidencial, dijo que se han reducido robos y asesinatos y que 1.000 militares están en la Penitenciaría actualmente alertas.

Aunque los ciudadanos dicen no haber sentido en las calles la presencia militar como lo esperaban tras la declaratoria de estado de excepción, las autoridades usan cifras de la Policía para asegurar que los controles han dado buenos resultados y han bajado los robos en un 27 % y las muertes violentas en casi un 40 % respecto de los primeros meses del año.

El vocero del gobierno de Guillermo Lasso, Carlos Jijón, comentó que es imprescindible mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para continuar bajando el índice de criminalidad, pero aclaró que el estado de excepción no podrá renovarse de forma indefinida, como había anunciado antes el primer mandatario, sino solo una vez, como ya lo hizo Lasso este jueves 18 cuando concluyó el primer plazo.

Jijón puntualizó además que actualmente están vigentes dos estados de excepción: el que fue renovado este jueves y que regirá hasta el 19 de diciembre en nueve provincias y el otro, que estaría vigente hasta el 29 de noviembre y que permite que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de los centros penitenciarios, bajo los parámetros de la Corte Constitucional.

El vocero detalló que desde el lunes serían 1.000 militares los que están resguardando la Penitenciaría del Litoral, donde hace una semana fueron asesinados 62 reos.

Son 1.000 efectivos que tomaron el control total de la Penitenciaría, el control del corredor de la muerte y destruyeron, hasta el jueves, 40 garitas construidas por los reclusos. Las Fuerzas Armadas están en el perímetro 3, hacen un control efectivo muy importante”, agregó el vocero de Presidencia, quien aseguró que en el resto de las cárceles también hay control de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, hay una nueva amenaza que advierte. A las Fuerzas Armadas la Policía Nacional les notificó que habría información de nuevas revueltas que se alistarían para los próximos días. Un comunicado oficial indica que los líderes de Los Choneros han dispuesto a los reos que estén listos para iniciar revueltas como consecuencia de posibles traslados.

La Policía y las Fuerzas armadas no solo se preparan para posibles amotinamientos, sino para ataques a sus unidades y al incremento de asesinatos en las calles (crímenes selectivos).

Mensajes amenazantes que salen desde las prisiones

Ante los mensajes que circulan en redes sociales, atribuidos a carteles mexicanos y que indican que las masacres seguirán, Jijón respondió: ”He visto con preocupación olas de mensajes que tendrían objetivos políticos, para causar conmoción, para asustar a las personas, pero pareciera que son trolls para infundir temor”.

El gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, dijo este viernes que durante los 30 días que duró el primer estado de excepción 409.000 personas y 357.000 vehículos fueron registrados en la provincia del Guayas.

Desde el 18 de octubre hasta el 18 de noviembre, en Guayas fueron detenidas 1.136 personas por diversos delitos, 28 bandas fueron desarticuladas. Asimismo, se decomisaron 202 armas de fuego y 77 armas blancas. Además, se incautaron 16 toneladas de droga a nivel nacional durante el primer estado de excepción.

En la provincia de Los Ríos existe preocupación por el repunte delincuencial, por lo que había incertidumbre sobre la declaración de un nuevo estado de excepción que permita a los militares realizar controles en las calles y contrarrestar las cifras de delitos.

Leyes para atacar al narcotráfico

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) concedió un plazo de siete días a las comisiones de Justicia, Garantías Constitucionales y Seguridad Integral para que presenten un cronograma de trabajo en el que se priorice el trámite de proyectos de Ley que tengan relación con seguridad del Estado, seguridad ciudadana, rehabilitación social.

La decisión se tomó la noche del 18 de noviembre, cuando ese organismo administrativo del Parlamento determinó como de alta prioridad el tratamiento de todos los proyectos de Ley que tengan relación con seguridad y rehabilitación social y materias conexas.

El proyecto busca ampliar el alcance de la autoría por dominio de organización, facilitar el remate de bienes secuestrados a criminales vinculados al narcotráfico, lavado de activos, reformar la estructura del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y ampliar la normativa sobre el uso progresivo de la fuerza.