Dos estados de excepción aún están en vigencia

Desde esta semana ya no se verá a militares en las calles de nueve provincias, en operativos conjuntos con la Policía Nacional, luego de que el domingo pasado concluyera la renovación del estado de excepción por el aumento de la actividad delictiva.

Según la Policía Nacional, entre el 19 de noviembre y el 16 de diciembre hubo 5 861 personas detenidas, 546 armas de fuego decomisadas, así como 882 motos y 933 vehículos.

También, asegura que se logró desarticular a 69 grupos de delincuencia organizada.

Desde que el presidente Guillermo Lasso llegó a Carondelet se han expedido siete declaratorias y renovaciones de estados de excepción. Estas medidas se adoptaron por la crisis sanitaria, la inseguridad, asesinatos en las cárceles y desastres. Hubo dos causales marcadas: grave conmoción interna y calamidad pública.

La Constitución, en su artículo 165, faculta al Primer Mandatario a utilizar fondos públicos destinados a otros fines, durante los estados de excepción, así como a emplear a las FF.AA., entre otras atribuciones.

Actualmente, en el país están vigentes dos estados excepcionales. El último fue decretado el 16 de diciembre pasado, en Zaruma, debido a los hundimientos ocurridos a causa de la minería ilegal. Será por 90 días, aunque se deberá esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Según Lasso, se efectuará un diagnóstico geofísico del centro de Zaruma y se atacará a la minería ilegal. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció que con este estado de excepción se “precautelará el bienestar de la ciudadanía”.

El último antecedente de un estado de excepción en Zaruma ocurrió el 14 de septiembre del 2017, durante la administración del expresidente Lenín Moreno. La medida estuvo vigente por tres meses en el área minera de Portovelo.

Se anunció una inversión de USD 4 millones para remediar la infraestructura afectada.

Cuatro años después, el presidente Lasso dispuso que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), junto al nuevo Gobernador, Fulton Serrano, coordinen las acciones en Zaruma. Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, se instaló un puesto de mando unificado, se formaron comités de zonificación con el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Investigación Geológico. Ayer también hubo una reunión con las familias afectadas y se entregó ayuda humanitaria.

El segundo estado de excepción, vigente hasta el 28 de diciembre próximo, está relacionado con los centros de privación de libertad. El jueves último, el Gobierno conformó una comisión para el diálogo penitenciario y la pacificación, con la que se busca “erradicar las muertes violentas y los altos niveles de violencia”.

Nelsa Curbelo, integrante de la comisión, espera que esa instancia permita concretar una “tregua al interior de las cárceles, que repercuta en las calles y en la sociedad”.

En los casi tres meses que lleva esta medida, se ofreció un plan de inversión de USD 75 millones y se creó un gabinete multisectorial. Hubo cambios en la cabeza del SNAI, ahora a cargo de Pablo Ramírez, general activo de la Policía.

También se dispuso indultos para detenidos con ciertas enfermedades catastróficas. Igualmente, las Fuerzas Armadas ayudan en el control en los exteriores. El Gobierno, además, busca apoyo y asesoría de Colombia en esta materia.

Al inicio de su mandato, Lasso también decretó estados de excepción en El Oro y Guayaquil, a causa de la variante Delta del coronavirus. El Ministerio de Salud reforzó sus acciones para evitar la propagación de la cepa Ómicrom.

Pese a la presencia de esta nueva variante, Ecuador y Colombia decidieron reabrir sus fronteras y homologar sus certificados de vacunación, como parte de las acciones para reactivar el intercambio comercial.