Detectan glosa de 2.3 millones por la compra de un sistema para la emisión de cédulas y pasaportes electrónicos

El Registro Civil rechazó una oferta para la compra del sistema para la emisión de cédulas y pasaportes, que habría significado un ahorro a la entidad y la optimización de recursos. Así lo informó la Contraloría General del Estado (CGE) este viernes, 15 de julio, además confirmó una glosa de 2.3 millones de dólares.

Los responsables de este hecho serían el director general y el coordinador de asesoría jurídica del Registro Civil, que laboraron entre 2019 y 2020. La adjudicación del proceso ocasionó un perjuicio económico a la entidad por el monto de la glosa.

La auditoría concluyó que las autoridades de la institución no seleccionaron al proveedor más beneficioso, pues se suscribió un contrato por 26 '950.000, lo que representa una diferencia de 2' 312.398 más que el presupuesto de la oferta a la que se adjudicó inicialmente el proceso.

La primera propuesta llegó de un consorcio extranjero que solicitó una ampliación del plazo para cumplir las normas de contratación nacionales. La petición estaba dentro de los parámetros de un proceso de contratación, pero el Registro Civil decidió negar la solicitud y lo calificó como adjudicatario fallido.

Los acusados tomaron como excusa un criterio jurídico que rechazó la prórroga para la suscripción del contrato, pese a que la propuesta de ese proveedor era económica y técnicamente más favorable para la entidad.

“Si el Registro Civil hubiera aceptado la primera oferta, el contrato se habría suscrito a menor costo, optimizando los recursos públicos”, manifiesta el informe de la Contraloría.

Agregan que el director general y el coordinador de asesoría jurídica viajaron a Francia y México, respectivamente, a fin de suscribir el contrato sin que estos desplazamientos se encuentren justificados.

Los servidores referidos no aplicaron las normas de la contratación internacional, vigentes en los países de los adjudicados, mismas que, no contemplaban la obligación de efectuar el proceso en dichos territorios.

El contrato fraudulento tenía como objetivo implementar un sistema informático para la emisión de documentos de identidad, pasaportes electrónicos y provisión de equipamiento, suscripciones-licencias de software, insumos y servicios conexos.