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Decisión judicial avala a comerciantes informales en Guayaquil

Decisión judicial avala a comerciantes informales en Guayaquil
Los comerciantes informales se tomaron las veredas de Guayaquil para realizar sus actividades.
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En la esquina de las calles Coronel y Manabí, en pleno centro de Guayaquil, se apostó un grupo de policías metropolitanos la mañana de este 4 de diciembre del 2021. El objetivo: evitar que los comerciantes informales se tomen las veredas para sus actividades.

La presencia de esos elementos municipales provocó altercados con decenas de ciudadanos que pedían los dejen trabajar. Denunciaron que el Cabildo desobedecía una orden judicial que los amparó para sus labores.

El escenario generó una nueva polémica en la urbe porteña. Un tribunal aceptó el jueves 2 de diciembre medidas cautelares para permitir trabajar a comerciantes informales en la Bahía. Mientras, el Municipio calificó la resolución de ilegal y este 4 de diciembre decidió desalojar a los vendedores.

La resolución señala que “se disponga al Municipio de Guayaquil que autorice a las y los trabajadores autónomos laboren de forma ordenada y segura dentro de las calles Coronel, Cacique Alvarez, Manabí, Huancavilca y Febres Cordero”.

Esto, se especifica, es hasta que el Municipio organice la reubicación. Además, se ordena que se suspenda todo operativo para desalojar a los comerciantes.

No obstante, mediante un comunicado, el cabildo calificó la resolución de ilegal e inconstitucional. Asimismo, enfatizó que “atenta contra los derechos de los comerciantes formales y el bien común, poniendo en riesgo a los ciudadanos antes los posibles contagios” en la Bahía.

Jaime Dávalos, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, indicó que la presencia de los efectivos se realiza para evitar las aglomeraciones y minimizar los contagios de covid-19. El funcionario explicó que 355 agentes fueron desplazados a esa zona.

También acudió personal de las direcciones de Obras Públicas y Salud. En las calles Manabí y Coronel, además de zonas aledañas, se realizaron tareas de fumigación y desinfección de locales comerciales.

Zayda Rovira, presidenta de la Alianza Radar Social, denunció que los comerciantes fueron maltratados. “Hemos sido recibidos con violencia, los municipales y la Policía nos ha desalojado irrespetando la decisión judicial”.

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