El Pleno de la Corte Constitucional aprobó este miércoles 5 de enero del 2022 el dictamen favorable de constitucionalidad a la declaratoria de estado de excepción por calamidad pública en el cantón Zaruma, ubicado en El Oro, debido a los socavones provocados por la minería ilegal.
El dictamen se hizo público este jueves 6 de enero. Con esta sentencia la Corte Constitucional (CC) ejerce control de constitucionalidad del Decreto 296, del 17 de diciembre de 2021, relativo a calamidad pública en el cantón Zaruma.
La CC dispuso que la intervención de las Fuerzas Armadas, en la suspensión de actividades mineras en el cantón Zaruma, se efectúe conforme lo dispuesto en los párrafos del 65 al 67 de la decisión.
En el párrafo 56 determina “se advierte que la declaratoria de zona de seguridad busca proteger las condiciones humanas, naturales y geográficas del cantón Zaruma. Esto, mediante la suspensión de actividades mineras en la zona de exclusión o ilegales, para lo cual, se empleará la fuerza pública, tanto policial, como militar; así como la formulación y ejecución de políticas específicas, orientadas a la remediación ambiental, protección del patrimonio y reubicaciones familiares”.
El organismo también ordena al Presidente, Guillermo Lasso, que, al concluir el estado de excepción, entregue el informe respectivo. Además, deberá informar sobre la actualización del Plan Estratégico de Remediación, Recuperación y Fomento Productivo de los cantones Zaruma y Portovelo, y sobre “las medidas ejecutadas relacionadas a impedir la actividad minera en el cantón Zaruma, la rehabilitación de su entorno ambiental, así como el relleno de galerías, chimeneas y cámaras del subsuelo del cantón”.
Otra disposición es que la Defensoría del Pueblo dé seguimiento a la implementación de las medidas dispuestas en la declaratoria de estado de excepción. La Corte Constitucional recuerda lo establecido en el último inciso del artículo 166 de la Constitución, que dispone: “las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción”
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