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12 may. 2022
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La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, carencia de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otras irregularidades fueron la tónica en la gestión de la basura, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Así lo expuso la Contraloría General del Estado, tras analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes. La principal conclusión es que el 34,55% de las falencias provienen de la falta de cumplimiento a la normativa técnica y legal en el ámbito ambiental.PUBLICIDAD
RELLENOS SANITARIOS
Los cabildos y empresas públicas realizaron escombreras y rellenos sanitarios sin licencias ambientales. Esto provocó que las autoridades municipales no cuenten con un plan de manejo ambiental para prevenir o mitigar los efectos causados en el ecosistema.
En el caso de los proyectos que sí contaron con licencias, la Contraloría menciona que operaron fuera de las áreas delimitadas. Otros en cambio, no implementaron planes de manejo ambiental, monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
A los municipios tampoco parece importarles la concientización ambiental, pues según el informe, no generaron campañas que incentiven a la ciudadanía a recolectar de manera diferenciada la basura para su aprovechamiento y disposición final.
AFLUENTES NATURALES CONTAMINADOS
La Contraloría también halló falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los líquidos residuales de las plantas de tratamiento.
Es decir, que los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
DESECHOS PELIGROSOS
Los desechos generados por los hospitales son considerados altamente peligrosos, pues pueden ser tóxicos, venenosos e infecciosos tanto para el ser humano como para la naturaleza. Sin embargo, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección hasta los sitios de disposición final.
Además, pusieron en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos, pues tampoco entregaron indumentaria de protección, según menciona el análisis de Contraloría.
OTRAS IRREGULARIDADES
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos en las cláusulas de los convenios suscritos entre las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Esto provocó retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Contraloría manifiesta que los contratistas omitieron varias disposiciones como el no detallar las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos.
Agregan que estas omisiones “dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones”.
También se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica y no se realizaron evaluaciones a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad.
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