Caso ‘ex Banco Territorial’: dictan difusión roja y llaman a juicio a todos los procesados por lavado de activos

Dentro del caso que involucra al ex Banco Territorial y el uso del sistema ‘Sucre’, el juez Ernesto Guzmán Navarrete, de la Unidad Judicial Penal N° 2, dictó auto de llamamiento a juicio contra treinta personas naturales y treinta y tres juridícas, procesadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio –que se desarrolló durante varias jornadas–, el fiscal de la Unidad Antilavado de Activos presentó su dictamen acusatorio en el que constan varios elementos que harían presumir la responsabilidad penal de los procesados en el delito imputado.

Los procesados en este caso presumiblemente intervinieron en las transferencias de dinero desde Venezuela por supuestas exportaciones de productos químicos, agrícolas y alimenticios a las cuentas del Banco Territorial, utilizando el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).

En su resolución –y con base en la solicitud de Fiscalía–, el magistrado dictó prisión preventiva contra diecinueve procesados, los cuales no cumplieron con las medidas sustitutivas que pesaban en su contra.

Además, ratificó las medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país en contra de otros ocho procesados, quienes venían cumpliendo dichas órdenes.

Asimismo, el juez dispuso la difusión roja a la Interpol, con la finalidad de ubicar y capturar a los también procesados Pietro Francesco Z. A., Samuel S. B. y Leonel Edgardo Y. D., que se encuentran prófugos.

Por otra parte, ratificó las medidas cautelares de carácter real contra todos los procesados: la retención de valores en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes por un valor aproximado de 7’800.000 dólares, que se encontraba retenido en las cuentas de los procesados, en el Banco Territorial.

Según las investigaciones de la Fiscalía este acto habría causado un perjuicio de 300 millones de dólares al Estado.

La investigación de este caso inició en febrero de 2013 con un informe de la Superintendencia de Bancos entregado a la Fiscalía General del Estado, sobre la situación financiera de dicha institución financiera.