Asamblea rechaza presunta amenaza de "mafia albanesa" por investigación sobre corrupción en las empresas públicas

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, expresó su respaldo a la Comisión por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción que investiga el denominado caso “El Gran Padrino”, sobre una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas.

Este jueves 23 de febrero, el titular de la Legislatura también rechazó cualquier tipo de amenaza que se propicie en contra de dicha comisión, de sus integrantes y de cualquiera de los 137 asambleístas.

El pronunciamiento se da luego de que, la asambleísta Viviana Veloz (UNES), presidenta de la comisión, denunciara las supuestas amenazas de muerte que ella y su asesor habrían recibido el fin de semana, por parte de la mafia albanesa.

“Amenazas de muerte y que van a atentar contra la vida de mis padres y de mi familia si no dejo la investigación del caso Encuentro y la investigación del gran informe. Incluso, me han enviado dentro de esa mensajería instrucciones que debo, según ellos, yo seguir tal día y tal hora”, contó Veloz.

El domingo pasado, apareció una nota en el vehículo de su asesor con el logo de la mafia albanesa y un mensaje en ese idioma, que al traducirlo significa “difuntos”.

Por otra parte, Saquicela sostuvo que altos funcionarios de Gobierno y otras personas involucradas en este caso deben atender el llamado de la comisión y rendir su testimonio en aras de la transparencia y en la búsqueda de la verdad.

También recordó que la mesa legislativa tiene plazo hasta la próxima semana para presentar su informe, mismo que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, órgano que tomará la resolución pertinente.

Informe de Antinarcóticos

Como parte de las comparecencias planificadas por la Comisión, la fiscal general del Estado, Diana Salazar expuso hace unos días las acciones emprendidas por la institución una vez que se hizo público el informe realizado por Inteligencia Antinarcóticos.

Informó que dispuso realizar un informe de seguimiento y evaluación jurídica de las actuaciones que constan en el expediente publicado, mismo que será trasladado a Quito e impulsado por un agente fiscal especializado en delincuencia organizada transnacional y analizará la pertinencia para la reapertura del caso.

Este informe será enviado al Consejo de la Judicatura y a la Policía Nacional para que, conforme a las observaciones y conclusiones identificadas en la causa, evalúen las actuaciones del personal a su cargo que participó en la investigación.

Agregó que la decisión de archivar el informe fue de un juez de garantías penales y que al aceptarse el archivo durante la fase de investigación preprocesal debe respetarse la reserva de ley. Advirtió que los progresivos publicados por los medios de comunicación cuentan con declaración de reserva nacional, por ello ha iniciado una investigación previa para determinar los motivos y las personas involucradas en la filtración de la información.

La comisión también ha convocado el jefe de Estado, Guillermo Lasso, quien no ha asistido. Al respecto, el legislador Juan Fernando Flores, de CREO, indicó que el Primer Mandatario no puede acudir a la Asamblea y que para ello hay un procedimiento.