Asamblea rechaza destituir a Lasso, pero pide comparecencia

Ni el correísmo logró que la Asamblea iniciara un proceso de destitución al presidente Guillermo Lasso, ni el oficialismo consiguió que la investigación de los denominados Pandora Papers se archivara, en la sesión 747 del Pleno este martes 7 de diciembre de 2021.

La reunión tuvo un desenlace marcado por acuerdos de última hora entre las bancadas, gritos, acusaciones y hasta la apelación a la Presidencia de la Asamblea, cargo que ocupa Guadalupe Llori (Pachakutik), desde el 14 de mayo pasado.

El Pleno logró tomar una resolución al tercer intento, y en función de una mayoría compuesta por el correísmo, Pachakutik y la Izquierda Democrática, que apoyó una moción del jefe de esta última bancada, Alejandro Jaramillo, para exhortar al presidente Guillermo Lasso que acuda al Pleno para rendir explicaciones sobre las filtraciones de paraísos fiscales Pandora Papers.

Para que Llori decidiera clausurar la sesión, que tomó algo más de cinco horas, tuvieron que darse cinco votaciones hasta llegar a la resolución final.

La primera moción fue presentada por la jefa de bloque del correísmo, Paola Cabezas, quien propuso al Pleno que inicie un proceso de destitución a Lasso “por grave crisis política y conmoción interna” derivada de los Pandora Papers. La moción de Cabezas obtuvo 51 votos a favor, 77 en contra y 7 abstenciones.

Una segunda moción provino de Fernando Cabascango (Pachakutik), quien planteó “convocar al Presidente de la República, en un plazo no mayor a 30 días”, para que rinda explicaciones al pleno para que explique “su posible vinculación directa e indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales”.

La propuesta de Cabascango obtuvo 61 votos a favor, 47 en contra y 27 abstenciones, y no se aprobó. También pretendía que en un plazo de 30 días la Contraloría, Fiscalía, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero y Económico revisen las cuentas de Lasso y presenten un informe detallado a la Asamblea.

A pesar de que Gruber Zambrano, asambleísta del oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), había anunciado que pedirá el archivo del informe del caso Pandora Papers, esto no se concretó.

César Rohón (exPSC) apeló la Presidencia a Guadalupe Llori, después de que ella diera paso a una intervención del jefe de bloque de la ID, Alejandro Jaramillo, para presentar una tercera moción, que fue aprobada con 82 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones.

En su moción, Jaramillo pidió que el Pleno exhorte al presidente Lasso “para que acuda a una sesión del Pleno de la Asamblea, a explicar su posible vinculación, sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales”.

La apelación a la Presidencia por parte de Rohón no fue aceptada por el Pleno. Apenas obtuvo 4 votos a favor, 123 en contra y 5 abstenciones.

El oficialista Diego Ordóñez pidió reconsiderar la votación de la moción de Jaramillo al expresar su desacuerdo con que se incluyera una disposición para que el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales fuese remitido a la Contraloría y Fiscalía, a pesar de las denuncias de irregularidades.

Debate

Antes de la resolución hubo un debate que tomó casi cuatro horas. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), decidió suspenderlo una vez intervinieron 17 legisladores de distintas bancadas. “Ya se ha debatido lo suficiente”, dijo Llori.

El primero en intervenir fue el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Cabascango (Pachakutik), quien defendió el informe en el cual se catalogaba al caso de “conmoción social”.

“Este mismo Pleno determinó que el caso Pandora Papers se trata de un hecho de gran interés ciudadano que generó seria conmoción social”, adujo Cabascango.

Sin embargo, la también integrante de la Comisión y asambleísta de Pachakutik, Sofía Sánchez, presentó videos y una cronología, y denunció que dicho expediente se llevó al apuro, sin pruebas de sustento y sin debate.

Sánchez refirió que Mario Ruiz, otro de los asambleístas de Pachakutik, no aceptó una moción de la correísta Victoria Desintonio para convertirse en ponente del informe, y ella tampoco, antes de que Cabascango finalmente no pudo excusarse.

Recordó que cuando el texto fue sometido a votación en esta mesa, el 5 de noviembre pasado, se lo hizo sin consensuar las recomendaciones, “no contenía ninguna prueba, (con) espacios en blanco, párrafos inconclusos y sin los anexos que supuestamente fundamentaban este informe”.

“¿Qué dirá tu electorado que vienes aquí a desconocer el trabajo de la Comisión y que salgas a defender a un evasor, de acuerdo a las investigaciones de Pandora Papers? No mientas”, reaccionó Paola Cabezas, de UNES.

El oficialista Francisco Jiménez señaló que este informe fue producto de “elucubraciones sin fundamento… tratando de generar una esperanza de conmoción que solo existe en la cabeza de algunos asambleístas”.

Por su parte, el jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, y su coideario, Luis Almeida, criticaron un pronunciamiento del contralor General del Estado, Carlos Riofrío. Pusieron en duda que haya tardado un mes para la investigación.

El jefe de bloque de la ID, Alejandro Jaramillo, responsabilizó al correísmo de pretender desestabilizar al país.

Resolución final

Art 1.- Exhortar al Presidente de la República que acuda al Pleno de la Asamblea a fin de que explique su posible vinculación directa e indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales.

Art 2.- Disponer a la Contraloría, Fiscalía, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) para que, aplicando el art. 121 inciso primero de la Constitución, revisen las cuentas bancarias, participaciones societarias y fiduciarias, propiedades, declaraciones de impuestos y patrimoniales del presidente Guillermo Lasso, con relación a la publicación Pandora Papers.

Art 3.- Remitir el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso Pandora Papers, a la Contraloría, Fiscalía, Superintendencia de Bancos, SRI, UAFE, para que inicien las acciones correspondientes de ser el caso, en el marco de sus competencias y remitan a la Presidenta de la Asamblea, los avances de los correspondientes informes en un plazo de 30 días, durante un año, contado a partir de esta resolución.