Asamblea inicia trámite de juicio político contra Súper de Bancos
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dio un plazo de 15 días a la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, para que presente sus descargos en el pedido de juicio político que impulsa Darwin Pereira, asambleísta de Pachakutik.
La resolución se tomó por unanimidad este miércoles 8 de diciembre del 2021, después de que esta mesa parlamentaria avocó conocimiento de dicha solicitud que fue presentada el 13 de octubre pasado y calificada 14 días después por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
Pereira, quien es el primer vocal del CAL, tiene 15 días de plazo, al igual que Arregui, para presentar las pruebas en las que se basa para acusar a la superintendenta de incumplimiento de funciones.
El legislador explicó, en su momento, que son ocho las causales que sustentan el juicio político que tienen que ver con la inacción o falta de control por parte de la Superintendencia de Bancos a instituciones del sistema financiero.
Argumentó que hay instituciones que durante la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 cobraron interés sobre interés y valores que no estaban considerados en la ley, sin que la autoridad de control actúe.
Otros de los motivos tienen que ver con los problemas informáticos del Banco Pichincha, captaciones ilegales de dinero como el caso Big Money, fijación de tasas de interés y regulación de los bancos.
Se trata del quinto pedido de juicio político que tramita la Comisión de Fiscalización, después de aquellos que terminaron en la censura del excontralor, Pablo Celi, el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, el exministro de Energía, René Ortiz, y el que recomienda la destitución del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia.
Destitución a Anchundia se debate
El Pleno de la Asamblea sesionará la tarde de este miércoles 8 de diciembre para debatir una posible censura y destitución del superintendente Víctor Anchundia, a quien los asambleístas Ricardo Vanegas (PK) y Luis Almeida (PSC) lo acusan de incumplir con sus funciones en el control al mercado de valores.
“Existen abundantes pruebas documentales y testimoniales que demuestran que el perjuicio de USD 990 millones que tiene el ISSPOL y otros millones más en entidades privadas y públicas se han producido por la falta de control por parte de la Superintendencia de Compañías”, dijo Vanegas.
Aseguró que en este “entramado criminal” han participado directa o directamente varios ministros de Gobierno desde 2014, directivos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) desde 2013, casas de valores, aseguradoras, calificadoras de riesgos.
“Los funcionarios que trabajan en la Superintendencia de Compañías conocían del problema y los que ya se fueron y se fugaron tienen una participación directa en estos hechos”, apuntó.
Para la destitución de un superintendente, el Pleno requiere de una mayoría absoluta de 70 votos.