Amenazas afectan a investigaciones por el asesinato de Efraín Ruales
Las investigaciones para esclarecer el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales no han terminado. La Policía y la Fiscalía siguen tras la pista de los autores intelectuales del crimen.
Pero esto no ha sido una tarea fácil para los agentes. Desde el 27 de enero de 2021, fecha en que ocurrió el ataque mortal al también actor, los uniformados se han enfrentado a múltiples trabas para llegar a las personas que contactaron, pagaron y contrataron a los sicarios.
Una de las primeras líneas de investigación fue rastrear la ruta que siguió el dinero que se pagó para arrebatarle la vida al presentador.
La Policía tiene informes que mencionan que el crimen habría costado al menos USD 20 000.
Ese dinero se habría repartido entre los integrantes de una banda del sur de Guayaquil. Ellos gestionaron el vehículo que sirvió para seguir al actor y presentador y dispararle cerca de la avenida Juan Tanca Marengo, en el norte del Puerto Principal.
Se sospecha que el automotor costó entre USD 1 000 y 2 000. Ese es el estimado que manejan los agentes que investigan los casos de sicariato.
Los uniformados dicen que una cifra similar sirvió para comprar el arma que se utilizó en el crimen. Y, posteriormente, se buscó a los gatilleros. Hoy en día se sabe que ellos recibieron al menos USD 5 000. El arma fue localizada sumergida en un ramal del estero, en el sur de Guayaquil.
Alias ‘Alvarito’ y alias ‘Casquete’ fueron los encargados de ejecutar el crimen. Por eso, el pasado 17 de febrero, un Tribunal Penal los condenó a 34 años de prisión.
Ellos fueron sentenciados junto con otros cuatro implicados, entre los cuales está un hombre que fue parte del crimen desde adentro de la cárcel.
Las investigaciones señalan que él fue el contacto más cercano con los autores intelectuales.
La Fiscalía ha pedido por reiteradas ocasiones su testimonio. Sin embargo, ha afirmado desconocer detalles del hecho y ha preferido evadir las preguntas sobre las personas que lo contactaron.
En el crimen también participó un menor de edad. La Policía intentó, a través de él, obtener más datos de los que ordenaron el asesinato. Pero todo intento de diálogo se frustró cuando el joven recibió amenazas de muerte.
Intimidaciones
En el proceso judicial, abogados de los sospechosos han mencionado en ciertas etapas del juicio que sus clientes han
sido amedrentados.
La Policía investigó estas amenazas y descubrió que cabecillas de una fuerte organización criminal, que tiene poder en las cárceles, han advertido a los procesados que matarán a sus familias en caso de que hablen sobre el caso.
Este tipo de intimidaciones generó que la Fiscalía pidiese a los jueces que los siete implicados estén detenidos en distintos centros de rehabilitación. Así, fueron enviados a cárceles de Guayaquil, Azuay, Cotopaxi y Quito.
Una persona que se encuentra con arresto domiciliario mantiene un fuerte resguardo policial. La orden que tienen los custodios es que no se pueden separar del sospechoso más de tres metros.
Pese a los esfuerzos de la Fiscalía por deshabilitar cualquier encubrimiento, en el proceso se han revertido testimonios y declaraciones de un día para otro.
Eso ocurrió con uno de los sospechosos que pidió hablar con el Fiscal para entregar información del caso, pero después se retractó y dijo no conocer nada.
Pero las amenazas no solo llegan a los acusados. El fiscal que manejó el caso desde el inicio se apartó de la investigación, en diciembre pasado, tras ser víctima de un ataque en una vía de Guayaquil.
La Fiscalía no ha confirmado el hecho, pero la Policía sí mantiene un parte policial. En ese documento se indica que un hombre, a bordo de una moto, interceptó al vehículo del investigador y le apuntó con un arma. Luego le dijo una frase amenazante para disuadir su acusación del caso.
Días después de ese incidente, el fiscal no contestaba las llamadas ni de la Fiscalía. Así lo confirmaron fuentes de esa institución. Al final, el proceso continuó con otro agente, quien logró la sentencia de seis sospechosos.
Ahora, la Fiscalía y la Policía realizan más pericias para determinar a otros implicados y así llegar a la persona que pagó por quitarle la vida al presentador. Pero hasta ahora solo existen hipótesis