Un contingente militar se desplazó al cantón Ponce Enríquez, en Azuay, tras recibir un informe de Inteligencia. Era jueves 9 de diciembre del 2021 cuando los soldados encontraron en ese sector un campamento de minería ilegal.
Al allanar esas instalaciones, los uniformados se incautaron de material explosivo, dos rifles, una alimentadora, municiones y dos cartucheras artesanales. Ese material bélico fue trasladado bajo cadena de custodia hasta las instalaciones del Centro de Control de Armas, en el Oro.
Las pistolas, revólveres, rifles, carabinas, subametralladoras, escopetas y fusiles que son aprehendidas durante operativos de seguridad son almacenados y custodiados en bases militares de 11 provincias.
Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) han decomisado 14 347 armas de fuego desde el 2016 hasta noviembre del 2021, a escala nacional.
Solo este año se han aprehendido 3 947 armas de fuego en el país. Esa es la mayor incautación en seis años. En cambio, en el 2020 fueron 2 042 (ver infografía).
Muchas de estas armas se han decomisado durante operativos de control que ejecutan los soldados en las diferentes vías del país. Esas intervenciones consisten en revisar a los conductores de vehículos y motos. El objetivo es comprobar que no porten ilegalmente armas de fuego, cuchillos o explosivos.
Por ejemplo, el pasado 6 de diciembre, los soldados decomisaron una arma, 14 municiones y 10 cartuchos. Encontraron estos artículos al inspeccionar una camioneta que circulaba por una calle de Quinindé, en Esmeraldas.
Un día después, durante dos operaciones en Guayaquil, los uniformados decomisaron un arma traumática y dos alimentadoras en el sector Bellavista y simultáneamente aprehendieron otra arma de fuego y seis municiones en el sector Fertiza. Quienes portaban estos objetos no tenían permisos legales.
Informes militares señalan que alrededor del 80% del armamento decomisado era utilizado por redes delictivas que operan en el país.
Las investigaciones que se han realizado apuntan a que las redes delictivas se abastecen desde el Perú. En ese país adquieren las piezas y las ingresan al país por pasos ilegales.
Luego los denominados armeros se encargan de ensamblarlas en talleres clandestinos ubicados principalmente en Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Carchi y El Oro.
Agentes aseguran que estas son adquiridas por las bandas a USD 150. En cambio, una pistola comprada de forma legal y con documentos puede alcanzar un valor de USD 2 000.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su art. 361 sanciona con cárcel de tres a cinco años a las personas que fabriquen, adquieran o comercialicen armas de fuego, piezas, municiones o explosivos.
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