135 455 chicos dejan la educación privada y van a la pública

Con el retorno progresivo presencial a clases, las instituciones educativas fiscales de Ecuador recibirán un mayor número de estudiantes en sus aulas.  Para el período lectivo 2021-2022 son 3 297 505 los alumnos inscritos en la educación fiscal en las cuatro regiones del país. De ellos, 135 455 fueron trasladados recientemente desde la clase particular en los sostenimientos de formación inicial, general básica y bachillerato.

Otros 181 699 chicos, que concretaron su traslado en el 2020, también se estrenarán en los centros educativos fiscales, pues hasta ahora venían recibiendo clases de modo virtual.

La ministra de Educación, María Brown, reconoció que esta mayor población estudiantil “pone una presión adicional” en la educación pública. Sin embargo, afirmó que es un fenómeno que se viene dando desde hace algunos años.

Los padres de familia de niños y jóvenes trasladados coinciden en que la emergencia sanitaria agravó la situación económica en casa, por lo que se vieron obligados a optar por la educación pública. Sin embargo, tienen reparos. Les preocupa la falta de infraestructura para recibir más alumnos.

En el actual período escolar la mayoría de los traslados se hicieron en Guayas (47 490), Pichincha (18 340) y Esmeraldas (12 552).   María García es una de las que cambió a su hijo.

La mujer lo acompañó el martes 24 de noviembre a su primera clase presencial en el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. El joven, de 15 años, forma parte del primer grupo que retornó a la presencialidad. A nivel nacional son 402 309 jóvenes que corresponden al bachillerato técnico y rural.

El segundo grupo ingresará a partir del 6 de diciembre en el país y del 7 de diciembre en Quito. El último grupo, el de básica elemental, regresará el 17 de enero próximo.

García contó que trasladó a su hijo luego de que su esposo perdiera su empleo a inicios de este año, por lo que no podía seguir pagando una mensualidad de USD 130 en un colegio privado.

Ella y otro grupo de madres realizaron una minga para limpiar el Instituto que ya recibe a 1 155 educandos.

“Hay paredes que están en pésimo estado, nos preocupa el tumbado, no sé dónde van a meter tantos estudiantes”.

Diana Castellano, coordinadora zonal de la Zona 8 (e), explicó que hay varias medidas que se han adoptado para recibir a esa mayor población estudiantil que fue trasladada. Citó que se ha trabajado en horarios escalonados para garantizar en un 50% las horas pedagógicas presenciales semanales.

Explicó que en unos centros se divide a los estudiantes en dos salones para evitar que sean más de 20 por aula. En otros se hace presencialidad alternada.  
 
“Por ejemplo, retornan a la presencialidad los paralelos A de toda la Unidad educativa los lunes, martes y miércoles. Los B los martes, miércoles y jueves; y, los C los miércoles, jueves y viernes; de esta manera todos tienen el componente de al menos el 50% de horas pedagógicas a la semana presenciales”.

La flexibilidad en la organización depende, aclaró, de las instalaciones de cada establecimiento. También se hizo escalonado el receso, el ingreso y salida para evitar aglomeraciones. Hasta ahora se ha registrado un 75% en la asistencia.

En Monte Sinaí también hay preocupación. Daysi Vargas contó que por falta de empleo cambió a sus tres hijos. Antes pagaba USD 25 por la mensualidad por cada uno.

Muchos vecinos han cambiado a sus chicos, pero los colegios siguen cerrados porque están muy dañados”, criticó.

La Ministra reconoció que hay unos 40 centros educativos en pésimo estado, de los cuales 38 están en Monte Sinaí, en Guayaquil. Muchos de ellos son aulas móviles que cumplieron su vida útil. Prevé este viernes lanzar un plan para el retorno a clases en ese populoso sitio.

También explicó que se ha hecho una verificación sobre la infraestructura. Hay un plan a mediano plazo para construcción y ampliación de la oferta y de la planta educativa docente.

Pichincha es la provincia que ocupa el segundo lugar en número de traslados de estudiantes.
Mónica Ante cuenta que decidió cambiar a su hija de 16 años a la Unidad Educativa Gonzalo Zaldumbide porque estaba descontenta con la educación que estaban recibiendo.

Algunos profesores renunciaron y dejaron de darles inglés y lenguaje. “Para seguir pagando una pensión bajo esas condiciones, preferí cambiarle a una fiscal”, dice Ante. Su nueva institución no está en las mejores condiciones y aunque está en un edificio antiguo, pero sí podrán recibir clases.

Según Brown, en la proforma del 2022 se plantea un presupuesto de USD 100 millones para terminar las infraestructuras inconclusas en el país.