12 presos con enfermedades catastróficas, indultados en menos de un mes
Luego de 24 días de que el presidente Guillermo Lasso firmara dos decretos ejecutivos para indultar a las personas privadas de libertad, la Defensoría Pública anunció que 12 presos, con enfermedades catastróficas se acogieron a ese beneficio y salieron de las cárceles del Ecuador.
Este miércoles 15 de diciembre del 2021 se conoció que esa entidad ha impulsado 21 indultos de reos desde el 22 de noviembre hasta el 14 de diciembre del 2021. Aún están pendientes nueve procesos.
El pasado 22 de noviembre, el presidente Lasso firmó el Decreto 265 a través del cual concede el indulto a favor de los internos que padezcan de enfermedades catastróficas, terminales, tuberculosis multidrogorresistentes y coinfección TB-VIH.
Se excluye a quienes se encuentren sentenciados por ilícitos imprescriptibles, por ejemplo, por delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual, violencia contra la mujer, tortura, tratos crueles, genocidio, lesa humanidad, tráfico de influencias, usurpación, simulación de funciones públicas, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, extorsión, lavado de activos, captación ilegal de dinero y delincuencia organizada.
Además, el Primer Mandatario firmó el Decreto 264 dirigido a los presos que hayan sido sentenciados por las infracciones previstas en los artículos 383 o 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir a las personas condenadas por infracciones de tránsito que no impliquen muertes ni lesiones.
La Defensoría Pública indicó que el trámite de los 21 indultos es “el resultado de la disposición emitida a las 24 direcciones provinciales del país de visitar los centros de privación de la libertad, para identificar y brindar información a los posibles beneficiarios”. El objetivo de otorgar estos beneficios es reducir el hacinamiento carcelario.
Para obtener el indulto, primero, el Ministerio de Salud verifica la condición médica del privado de libertad y emite un certificado.
Luego, el Servicio de Rehabilitación (SNAI) confirma la identidad del preso y realiza la solicitud de indulto a un juez. Mientras tanto, la Defensoría Pública comprueba que ese detenido tenga sentencia condenatoria ejecutoriada y que no posea procesos penales pendientes.